La creación de este organismo implicó sacarle a la Fiscalía de Estado (Julio Rodríguez Signes) la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles y llevarlo a la Secretaría General de la Gobernación (Mauricio Colello). La Agencia fue concebida como el órgano rector de todas las actividades vinculadas con los bienes inmuebles sobre los cuales el Estado posee dominio o derechos adquiridos. Su creación apunta a concentrar en una sola institución la administración, control, regularización y aprovechamiento de los inmuebles estatales, una tarea que hasta ahora se encontraba distribuida entre distintas dependencias.
En el tratamiento legislativo, la iniciativa del nuevo organismo no contó con el apoyo de la oposición en Diputados. El peronismo no acompañó por considerar un retroceso la decisión de autorizar la venta de bienes del Estado provincial sin la intervención de la Legislatura. Tampoco acompañaron cuatro diputados electos por La Libertad Avanza.
En el Senado el peronismo introdujo aportes, que fueron tomados, y acompañaron la propuesta. El más importante que el veedor de Gestión y Transparencia será designado por el Poder Ejecutivo a partir de una terna propuesta por el bloque legislativo de oposición con mayor número de integrantes del Senado y ejercerá sus funciones durante cuatro años, pudiendo ser reelegido por única vez.
Cuando volvió a Diputados para la sanción definitiva, el PJ acompañó.
