Solicitan, además, que la totalidad de la información sea acompañada por la documentación respaldatoria correspondiente.
“El programa Sumar constituye una política destinada a fortalecer el sistema público de salud, mediante el financiamiento de prestaciones brindadas a personas sin cobertura. Los recursos que percibe el municipio por este concepto poseen un destino específico y deben administrarse conforme a principios que rigen nuestro estado de derecho”, indica el proyecto.
En diálogo con El Entre Ríos, el concejal Hermes Roy Liberman explicó: “La gente que no tiene obra social se anota en los centros de salud de los barrios y cada vez que concurre, por ejemplo para vacunarse o tomarse la presión, los deben cargan en el sistema, donde figura el número mensual de personas y un monto de dinero. A fin de mes se envía al municipio desde Provincia, el dinero correspondiente”.
Según averiguaron, “en el mes de julio, en la sede del barrio San Francisco cargaron solo tres personas y en el CIC ocho, cuando antes se cargaban cien o doscientas personas; o sea que no reciben nada de dinero. Después le dicen a la gente que no tienen medicamentos porque desde Nación recortaron programas, cuando lo tienen que cubrir con las partidas o con este programa, que les permite comprar los medicamentos que hagan falta e incluso equipar las salas”.
Esto motivó a los concejales a preguntar –entre otras cosas- la cantidad de beneficiarios registrados durante los años 2023, 2024, 2025 y el período transcurrido de 2026; y la cantidad de prestaciones cargadas, auditadas, rechazadas y efectivamente liquidadas en ese tiempo.
También, quiénes son los agentes municipales encargados de realizar las cargas, los montos percibidos, cuál fue el destino de esos recursos y el saldo disponible.
