Según las pruebas expuestas por el Fiscal José Arias en la audiencia de este lunes, la joven contratada en los tribunales de Concordia “violó secretos de funcionario público”. Está claro que, si así fue, obró mal y justificó su despido, visto desde un estricto plano legal.
No obstante, valdría plantear otros factores en juego, tanto para ponderar desde otros ángulos lo que hizo como para escarbar en decisiones adoptadas por estamentos superiores.
Se trata de una hija y hermana que, según lo denunciado por Arias, ve pasar ante sus narices información clave en una causa donde están investigados su padre y su hermano y, con una alta dosis de ingenuidad, no sólo viola el secreto traspasando datos a sus familiares directos sino que lo cuenta en audios de WhatsApp, creyendo que si los borraba desaparecerían de la faz de la tierra, como ella misma lo dice.
Es un atenuante moral que quisiera proteger a su gente, a los de su misma sangre. No vuelve buena su conducta, per sé indebida –el fin no justifica los medios-, pero es obvio que sirve para entender las tensiones interiores que pudo haber sufrido y por qué terminó haciendo lo que no correspondía. Convengamos que si en vez de dejar todas las huellas marcadas en el celular hubiera aprovechado la mesa familiar para aportar la información que manejaba, cara a cara, sin pantallas de por medio ni registro alguno, nada se hubiera sabido, aunque igualmente su conducta seguiría siendo equivocada.
Ahora bien, ¿qué hacía ahí, en tribunales, esta joven? ¿Cómo llegó a fiscalía la hija de Norberto Germán Flores, mano derecha de Gustavo Bordet y de su esposa, Mariel Ávila? ¿Cómo fue que desembarcó en el Ministerio Público Fiscal de Concordia? ¿Fue por concurso?
Lo más desconcertante es que cuando empezó a desempeñarse allí, lo hizo como empleada municipal adscripta en Fiscalía. ¿Por qué desconcertante? Porque tiene toda la apariencia de un hecho irregular que personal del Poder Ejecutivo Municipal trabaje para el Poder Judicial, que debe controlar al primero. Habría que hilar finito para discernir si no hubo en tan extraña adscripción una violación de la división de poderes.
Esta mañana alguien en tribunales se acordó de un actual magistrado y exfiscal que, como se dice en términos vulgares, la vio venir. En conversaciones de pasillo que varios escucharon, ese juez, cuando se enteró de la adscripción, reaccionó calificando el hecho como un “escándalo”. Lo dijo cuando aún nada se sabía de esta filtración de datos que se le atribuye a la joven y que este lunes tomó estado público.
El adjetivo de “escandaloso” refería a la designación de una empleada de un poder controlado como adscripta en un poder controlante.
Seguramente la Coordinación de Fiscales de Concordia y la Procuración, responsables directos de dicha adscripción, tendrán otra mirada. Sería apropiado que explicaran cómo procedieron. ¿Acaso les faltaba personal y aprovecharon esta movida? ¿Alcanzaría esa presunta causal? ¿Es práctica corriente que haya adscripciones entre los poderes ejecutivo y judicial? Y, si así fuera, ¿no habría que revisar esa práctica?
Si bien no puede usarse para justificar la conducta atribuida a esta joven, tal vez quienes la designaron allí en esa inusual adscripción la colocaron en “ocasión de pecado”, como se diría en la jerga religiosa.
Según ha trascendido, la adscripción dataría del año 2024 y desembocó luego a una contratación de Fiscalía. ¿Qué pasó con su empleo original en la Municipalidad de Concordia? ¿Renunció o pidió licencia sin goce de haberes?
En este último caso, la joven aún sería empleada municipal y el Poder Ejecutivo tendrá que evaluar su continuidad.
Por último, vale preguntarse también quién o quiénes, desde la administración municipal, autorizaron esa adscripción en tribunales, ya que no habría existido sin ese consentimiento.
¿Fue idea de ella pedir la adscripción? ¿Fue iniciativa de algún funcionario municipal que pasara a tribunales? ¿Es algo común que empleados municipales sean adscriptos en la Justicia? ¿La fueron a buscar desde Fiscalía? ¿Alguien la recomendó especialmente? Son preguntas que sería bueno que fueran respondidas por quienes hayan firmado el trámite de la adscripción, bajo la premisa de que se trató de una decisión inusual que, al menos vista desde afuera, asoma como extraña y sospechada de haber violentado el principio republicano de la división de poderes.
Por último, en estos tiempos de posteos implacables en redes sociales, donde las condenas públicas justicieras suelen ser aún más graves que las judiciales, haríamos bien en entender que esta joven tiene toda una vida por delante y desear que encause su vida tras este traspié que le ha costado su empleo en tribunales y, quizás, también en la Municipalidad de Concordia.
No se trata de minimizar su error ni tampoco justificarlo. Pero de nada vale agregarle más pesares a las consecuencias que ya padece. Simplemente desear que pueda tener la oportunidad de labrarse otro camino, aprendiendo de la experiencia vivida.
