Los vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos emitieron una convocatoria dirigida a los abogados matriculados de la provincia con el propósito de cubrir dos cargos de camaristas penales en Paraná. Las vacantes se originaron tras las jubilaciones de Alejandro Grippo y Mauricio Mayer —este último se desempeñó como camarista durante muchos años debido a la lentitud del sistema de concursos, aunque nunca llegó a titularizar en ese rol—.
El llamado generó sorpresa e inquietud en el ámbito judicial debido a que el mecanismo más común para cubrir este tipo de puestos es el nombramiento de aquellos profesionales que integran las listas de orden de mérito de los últimos concursos del Consejo de la Magistratura sin haber alcanzado la titularización.
Un antecedente reciente de este procedimiento tradicional ocurrió semanas atrás con la designación del fiscal auxiliar Jorge Sueldo como juez de Garantías interino, ya que había quedado en las puertas de titularizar en el último concurso, a la espera de que un nuevo proceso defina al titular definitivo.
Pese a existir postulantes en las listas elaboradas por el Consejo de la Magistratura provincial para los cargos de camaristas, estas personas no fueron convocadas. En su lugar, se instó a los letrados en ejercicio de la profesión a postularse directamente ante la Sala Penal para ser elegidos por los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio, encargados de ejercer la función de juzgar en juicios penales.
El procedimiento elegido desató un fuerte malestar en los pasillos de Tribunales, principalmente porque la convocatoria no estuvo acompañada de información sobre qué criterios objetivos tendrán en cuenta para la selección. Desde diversos sectores advierten sobre la posibilidad de que "simplemente, no habrá criterios objetivos".
El descontento se incrementó luego de que trascendiera que la publicación del llamamiento fue realizada por Carubia y Mizawak "aprovechando una ausencia provisoria de Miguel Giorgio". Ante este escenario, la semana pasada los vocales del Tribunal de Juicio de Paraná decidieron tomar la iniciativa para proponer el nombramiento de quienes ya integran las listas del último concurso, alimentando las sospechas de que las futuras designaciones podrían estar dirigidas hacia abogados vinculados políticamente o allegados a los vocales.
El trasfondo de la controversia radica en la relevancia de las causas que deberán afrontar los magistrados designados. Según consignó el medio Análisis, los nuevos camaristas serán, muy probablemente, quienes el próximo año deban llevar adelante el segundo juicio por corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri, quien actualmente cumple una pena de prisión efectiva en la unidad penal de Gualeguaychú.
En dicho proceso oral se unificarán la causa por enriquecimiento ilícito y la investigación vinculada a las coimas del empresario y presunto testaferro, Diego Armando Cardona Herreros.
Debido a la gran cantidad de apelaciones presentadas a lo largo del trámite de estas actuaciones —un escenario judicial comparable con causas de alta repercusión nacional como Hotesur y Los Sauces—, casi todos los integrantes naturales de la Cámara Penal de Paraná se encuentran inhibidos para intervenir en el debate. Esta situación excepcional explica el alto nivel de suspicacias que despertó la decisión de abrir un registro de autopostulantes.
Por su parte, la postura del vocal Miguel Giorgio se mantendría alineada con la necesidad de designar a los profesionales ya concursados a través del Consejo de la Magistratura. En caso de persistir la falta de acuerdo al interior de la Sala Penal, la definición del conflicto institucional recaerá en el pleno del STJ, poniendo en debate nuevamente los mecanismos de transparencia en la justicia entrerriana a más de dos décadas de la implementación de los concursos técnicos.
