Dos personas fueron detenidas en Gualeguaychú cuando intentaban cruzar hacia la República Oriental del Uruguay, según confirmaron dos fuentes independientes, en medio de un extremado hermetismo de las fuerzas de seguridad.
Se trata de una mujer salvadoreña y de un hombre uruguayo, señalados como cómplices de la fuga del exterrorista italiano Leonardo Bertulazzi. El procedimiento se concretó en la tarde del jueves en el Puente Internacional General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos.
Durante la detención, los policías secuestraron varios pendrives, dos notebooks, ocho documentos de identidad diferentes, dinero en efectivo y seis celulares.
La captura fue posible gracias a la alerta emitida a todo el país tras el escape del último martes en la Ciudad de Buenos Aires. Personal de la Policía Federal Argentina y de Migraciones evitó que cruzaran la frontera.
En la causa a cargo de la Justicia Federal, ambos figuran como cómplices de la fuga de Bertulazzi, que cumplía arresto domiciliario en un departamento del barrio porteño de San Telmo. Hasta el momento, no trascendieron sus identidades.
Fuga y recompensa para encontrarlo
La última ubicación del italiano fue registrada horas atrás en la zona norte de Entre Ríos. Las autoridades sostienen que el objetivo de Bertulazzi sería dejar el país por esa región y trasladarse hacia Uruguay.
Bertulazzi, de 74 años, se escapó a las 6.01 del martes 10 de noviembre. Según la reconstrucción de la investigación, se descolgó con un arnés desde un quinto piso. Antes se había quitado la tobillera electrónica y la dejó atada a un tubo con carne de cerdo, una almohadilla térmica y un tensiómetro, para que el sistema siguiera registrando pulso.
El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $20 millones, oficializada por la resolución Nº 1168/2026, para quien aporte datos sobre su paradero. La línea gratuita es el 134, del Programa Nacional de Recompensas, y se preserva la identidad de quienes colaboren.
Extraditado
Bertulazzi integró las Brigadas Rojas y fue condenado en Italia a 27 años de prisión, entre otros delitos, por el secuestro del empresario naval Pietro Costa. En julio de 2025 la Corte Suprema avaló su extradición, pero la discusión sobre su estatus de refugiado la dejó en suspenso.
