Durante la jornada legislativa de este jueves, el Concejo Deliberante de Concordia sancionó un paquete de normativas de alto impacto institucional y social. El eje central de la sesión estuvo marcado por la aprobación de la nueva Ordenanza de Prevención y Seguridad Municipal, sancionada tras un intenso debate con siete votos positivos del bloque oficialista y sin el acompañamiento de las bancadas de La Libertad Avanza y Más para Entre Ríos.
Al concluir el encuentro, la viceintendenta y presidenta del cuerpo, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, subrayó que el propósito fundamental de la flamante norma consiste en “dotar de certeza jurídica, especialización funcional y coordinación permanente a las distintas áreas que integran la política de prevención y seguridad local. A diferencia de la regulación anterior, que describía el funcionamiento general de una Guardia Urbana sin detallar atribuciones específicas, el nuevo marco normativo ordena y formaliza tareas que ya se venían ejecutando en la práctica, delimitando responsabilidades según la capacitación y el perfil de cada agente para evitar que todas las funciones recaigan de manera indistinta sobre todo el personal”.
En el plano institucional, la ordenanza crea formalmente la Guardia Urbana, reemplazando la denominación previa de preventores, e instituye la figura del Guardia Municipal. Asimismo, otorga reconocimiento legal al SOS Botón Antipánico como área dentro de la estructura comunal, consolida el Cuerpo de Inspectores dentro de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana - a semejanza de áreas como Inspección General o Saneamiento -, incorpora por técnica legislativa la Central de Monitoreo creada el año anterior para unificar el cuerpo normativo y modifica un artículo vinculado a la convocatoria del Consejo de Seguridad.
Respecto a la distribución de recursos humanos, Reta de Urquiza explicó que la Guardia Urbana y la Unidad Operativa concentran la mayor dotación de personal por encima de la Central de Monitoreo y el área del botón antipánico, aunque con misiones claramente diferenciadas. La Guardia Urbana, integrada por los expreventores, enfoca su labor en el resguardo interno y patrimonial de edificios e instalaciones municipales, tales como el Palacio de Arruabarrena, el edificio municipal, centros cívicos, centros de convenciones y el espacio Víctor Opel entre otros.
Por su parte, la Unidad Operativa - compuesta mayoritariamente por inspectores municipales con móviles activos en la vía pública las 24 horas- asume funciones específicas vinculadas al ejercicio del poder de policía municipal y al control de ordenanzas en las que la Subsecretaría actúa como autoridad de aplicación, como las referidas a trapitos, limpiavidrios, detectores de metales en locales bailables y habilitación o capacitación ACAP del personal de seguridad de espacios bailables. Además, colabora con Veterinaria Municipal en el control de tracción a sangre y equinos sueltos, con la Dirección de Inspecciones en el control de expendio o consumo de alcohol, y cuenta con personal habilitado para labrar actas de infracción o multas. El esquema se completa con una unidad operativa especial que articula con la Policía de Entre Ríos ante situaciones sensibles, como la usurpación de bienes municipales.
Pedido de informes por el Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui”
El Concejo Deliberante aprobó de forma unánime un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal sobre el estado operativo, administrativo y de seguridad del Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui”. La iniciativa, impulsada originalmente por el bloque del Partido Justicialista (Más para Entre Ríos), busca esclarecer el grado de cumplimiento de las metas proyectadas para el ejercicio 2026 por parte del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC), según explicó la concejal Carolina Amiano.
Sobre el alcance del requerimiento, la presidenta del cuerpo, Magdalena Reta de Urquiza, precisó que el eje apunta a conocer los motivos por los cuales la terminal aérea aún no cuenta con una carta de aproximación - herramienta técnica indispensable para el aterrizaje de aeronaves de mayor porte - y el estado de las gestiones en curso para obtener la habilitación internacional definitiva. Asimismo, se solicitan explicaciones sobre la incorporación de equipamiento crítico de seguridad, como el camión autobomba tras la Licitación 01/24, la ejecución presupuestaria, el movimiento mensual de pasajeros y la conectividad aérea, puntualmente ante la suspensión de la ruta a Buenos Aires operada por Humming Airways cuya reanudación anunciada para octubre no se concretó, la cancelación de vuelos estudiantiles a Bariloche y las gestiones para nuevos destinos regionales.
Finalmente, Reta de Urquiza indicó que se incorporó un punto específico a raíz del robo de aproximadamente 1.600 metros de cableado del sistema de balizamiento de la pista de aterrizaje ocurrido en los últimos días, episodio que obligó a suspender las operaciones nocturnas y sobre el cual los ediles exigen conocer plazos de reparación, costos y medidas de custodia preventiva.
Edificios y cuotas
En otro tramo de la sesión, el cuerpo deliberativo aprobó por unanimidad la ordenanza que ratifica la restitución de tierras por parte del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) a favor de la Municipalidad de Concordia. Esta medida destraba un conflicto dominial de larga data ocasionado por una superposición registral, dado que en numerosos casos las viviendas figuraban a nombre del organismo provincial mientras que los terrenos pertenecían al dominio municipal, o viceversa, paralizando el acceso al título de propiedad para cientos de familias de dos amplios sectores barriales.
“Mediante la aprobación de estos dos expedientes, se ratifica el decreto que formaliza la transferencia de los inmuebles hacia la órbita comunal y se habilita la escrituración bajo la modalidad de tracto abreviado. Este mecanismo notarial permite economizar tiempos y costos administrativos, ya que en un mismo acto y dentro de una única escritura pública el IAPV transfiere el dominio de la tierra a la Municipalidad y, simultáneamente, el Municipio escritura cada lote individual directamente a nombre de su respectivo vecino poseedor, garantizando seguridad jurídica y el derecho a la vivienda propia”, señalaron.
Por unanimidad, los concejales sancionaron también la ordenanza que establece y regulariza el cobro de cuotas mensuales para los cursos dictados en la Escuela Municipal de Cerámica. La normativa busca dotar a la institución de un mecanismo transparente y autosustentable, garantizando que la totalidad de lo recaudado en concepto de abonos se reinvierta de manera directa y exclusiva en el funcionamiento, equipamiento y mejoras del establecimiento.
A partir de su promulgación, el Departamento Ejecutivo Municipal quedará facultado para reglamentar la modalidad administrativa de cobro con el respaldo operativo de la Tesorería Municipal, debiendo depositar los ingresos en una cuenta específica o mecanismo contable individualizado para asegurar su trazabilidad. De este modo, los aranceles financiarán la compra de materiales e insumos para las clases, la adquisición y mantenimiento de hornos y herramientas de trabajo, y los gastos cotidianos de papelería y fletes, todo ello bajo las normas vigentes de contratación pública y control presupuestario.