Las penas que pedirá Fiscalía
En este caso, la fiscalía adelantó que solicitará penas que van de 1 a 7 años de prisión. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) aún no fijó fecha para el debate oral y público.
El fiscal Laureano Dato adelantó el monto de las penas que solicitará en el juicio. Para Fabián Monzón (secretario adjunto de UPCN y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, Iosper) y Guillermo Barreira, imputados por amenazas y resistencia a la autoridad, solicitará la pena de un año y medio de prisión.
En tanto, para José Zarza (vocal de UPCN), Carina Domínguez (secretaria gremial), Noemí Ester Santamaría (vocal titular del gremio), Zunilda Suárez y el ex ministro De la Rosa, imputados por coacciones agravadas, pedirá una dura condena: 7 años y 6 meses de prisión.
Los gremialistas son representados por el abogado penalista Marcos Rodríguez Allende, mientras que Leopoldo Lambruschini y Julio Federik asisten al hombre que condujo el Ministerio de Salud desde la llegada de Bordet al gobierno de la provincia.
Idas y venidas
La causa fue elevada a juicio oral y público en dos oportunidades. Primero fue el 26 de julio, pero luego hubo apelaciones por parte de la fiscalía y los abogados de los acusados. El vocal suplente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, revocó, el 9 de agosto, el sobreseimiento de Carina Domínguez y Zunilda Suárez por uno de los hechos imputados y mandó a la fiscalía a corregir la imputación sobre ambas. Además, rechazó por inadmisible el recurso de apelación por "excepción por falta de acción" interpuesto por los abogados del ex ministro, que buscó ser sobreseído. El expediente volvió a la fiscalía Diamante, y los fiscales Gilberto Robledo, Laureano Dato y Gamal Taleb (que colaboró en la investigación) corrigieron el escrito de imputación contra las dos dirigentes. El 14 de septiembre el juez de Garantías, Julián Vergara, nuevamente decidió elevar el caso a debate.
Migueles finalmente fue reincorporada
Según la acusación de la fiscalía, las presiones a la Licenciada Trossero se dieron entre el lunes 5 y el miércoles 7 de junio de este año. El fin era que reincorpore a Yanina Migueles, enfermera y delegada de UPCN que tenía una suplencia extraordinaria desde 2013. La directora del nosocomio le cortó el contrato el 1 de junio, aduciendo mal desempeño. Esa decisión provocó la violenta reacción sindical.
El 7 de junio fue el punto más álgido del conflicto, ya que fue cuando fueron detenidos en flagrancia, es decir mientras apretaban a la directora, cinco dirigentes del gremio estatal: Monzón, Domínguez, Suárez, Zarza y Barreira.
El 9 de junio el caso llegó a las puertas del Ministerio de Salud, ya que la directora del nosocomio diamantino también denunció que el entonces ministro De la Rosa la había presionada y amenazado para que reincorpore a la enfermera y delegada del sindicato.
Enterado de la inminente imputación de la fiscalía por coacciones, De la Rosa le presentó su renuncia al gobernador Bordet, que se la aceptó de inmediato.
Ese mismo 9 de junio quedaron en libertad Domínguez y Suárez, mientras que a los demás el juez de Garantías les impuso 15 días de prisión preventiva domiciliaria.
El reemplazo de De la Rosa en la cartera sanitaria llegó el 12 de junio, cuando el gobernador le tomó juramento a Sonia Velázquez. A penas asumió su cargo, la nueva titular de Salud decidió la reincorporación de Migueles, tal como lo había ordenado De la Rosa. A su vez, abrió una investigación administrativa en relación al presunto mal desempeño que se le reprochó a la trabajadora.
Un juicio con 38 testigos
Para sostener la acusación contra los gremialistas y el ex ministro, los fiscales llevarán al juicio a 29 testigos. Entre las personas que serán citadas se encuentran trabajadores del nosocomio y la directora Trossero, denunciante en la causa.
Por su parte, la defensa de los gremialistas, a cargo del abogado Marcos Rodríguez Allende, convocará a seis testigos, entre ellos algunos enfermeros nucleados en UPCN. La principal testigo será Yanina Migueles, la enfermera cuya cesantía motivó la batahola en el Hospital Colonia de Salud Mental.
En el caso de Domínguez y Suárez, imputadas también por coacción en coautoría, por los hechos del 5 de junio, se convocará al secretario general de UPCN y diputado provincial del PJ, José Allende.
Los abogados que representan al ex ministro sólo citarán a Carlos Berbara, director de Salud Mental y Adicciones de la provincia; y Víctor Berta, exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. Ambos funcionarios respaldaron la orden del entonces ministro para que la directora Trossero reincorpore a Migueles.
