Este 31 de mayo, la fundación envió notas a las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia, en las que advierte que el proyecto “no demuestra ser fruto de un análisis profundo del tema”. En su fundamentación, la organización detalló que la iniciativa legislativa no “tiene en cuenta los aportes realizados por la ciudadanía en otras oportunidades, en especial, los vinculados con los movimientos ecologistas, las víctimas afectadas y sus familiares y los profesionales de la salud y el ambiente del uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos”, enumeró.
Según la entidad, “este proyecto es lisa y llanamente una reedición, con otro nombre, de antiguos proyectos de leyes de fitosanitarios, ni más ni menos” y denuncia “la inconstitucionalidad de su contenido normativo, violatorio de los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Acuerdo de Escazú, en nuestra Constitución Nacional, en nuestra Carta Magna provincial, y en abierta contradicción al programa constitucional establecido en la reforma del año 2008 y a los principios del derecho ambiental determinados en la ley general del ambiente 25.675”.
“Este proyecto, titulado ‘Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios en la Provincia de Entre Ríos’, impulsado por el Ministerio de la Producción de la Provincia, de sancionarse como ley, en vez de promover ‘la protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria’ como se indica en su primer artículo, causará un grave perjuicio para la salud de la población, el ambiente y las economías regionales”, subrayó.
Para Cauce, “el ampuloso nombre con el que se ha dado a conocer el Proyecto del Poder Ejecutivo ‘Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)’” surge por el impulso de empresas de agronegocios “como Bayer, Monsanto, ChemChina Syngenta, entre otras, que dominan el mercado de los transgénicos y los agroquímicos y que se han hecho millonarias vendiendo peligrosos productos que perjudican el ambiente, el suelo, los cursos de agua, los ecosistemas, dando lugar a desastres ecológicos”.
Fuertes críticas al Ministerio de Producción
La Fundación Cauce apunta sus críticas al Ministerio de la Producción ya que entienden que está “fuertemente influenciado por lobistas del agronegocio, pretende otorgarle una protección a los productores que hace uso y abuso de los agroquímicos que fumigan nuestros pueblos y nuestras escuelas rurales, las áreas naturales protegidas e incluso las granjas o espacios donde realmente se practica la agroecología. La Provincia se regirá por la clase toxicológica que determina el SENASA, un organismo que, históricamente, ha autorizado productos, clasificándolos, sin ningún tipo de respaldo científico real, concreto, seguro, verdadero y a espaldas de la ciudadanía que no ha tenido en ningún tiempo participación en las decisiones. Esto, en clara infracción de las normas que indican la necesidad de aplicar las herramientas de la democracia ambiental cuando hay eventos, proyectos o actividades que podrían causar impactos ambientales o en la salud humana”, cuestionó.En otro párrafo, consideraron que “el proyecto es tan regresivo que se da de bruces con las autonomías municipales garantizadas por la Constitución de Entre Ríos (art. 231). Se pretende imponerles una norma inconstitucional e ilegítima –viciada desde su origen– al prescribir en su art. 8º ‘(…) debiendo los Municipios, Comunas y Juntas de Gobierno existentes en la Provincia adherir y adecuar sus normas a la presente’. Esto es una clara violación a acuerdos internacionales firmados por el Estado Argentino en las Conferencias mundiales de Ambiente celebradas en Río de Janeiro tanto en 1992 como en 2012”.
En cuanto a la agroecología, la Fundación Cauce señaló que si el Poder Ejecutivo desea discutir sobre las “verdaderas buenas prácticas agrícolas” debe poner en discusión el proyecto de ley, cuyo expediente es el 23.372, que ya cuenta con media sanción del Senado sobre los sistemas de producción agroecológica.
“No todo da lo mismo. ‘El modelo del agronegocio, sustentado en el uso de agroquímicos es altamente problemático e insostenible ambientalmente’. La sociedad en su conjunto aboga por el cuidado de la Casa Común. No podemos dejar que el pobre modelo agroindustrial y químico que claramente se impulsa y profundiza con este proyecto sea ley en nuestra Provincia”, concluye la fundación en la nota enviada a la Legislatura.
