La iniciativa de La Libertad Avanza fue acompañada por el Partido Justicialista y el flamante bloque de la Unión Cívica Radical, hasta el 2025 integrante del oficialismo. De esta forma, lograron su aprobación con siete votos a favor y cuatro en contra.
Rechazo del oficialismo
En Comisión de Todo el Concejo, el proyecto había obtenido el visto bueno de los ediles que integran los tres bloques opositores: Hermes Roy Liberman y María Frencia (LLA); Andrea Becerra y Edgardo Luciani (UCR); Patricia Irigoy y Carlos Leonardi (17 de Octubre).En tanto fue rechazado por los concejales oficialistas Clarisa Benay, Javier Minatta y Leonardo Hellmers (Juntos por Colón).
“El proyecto propuesto establece como único criterio ‘lo financiero económico’, para la realización de un evento como la fiesta de la Artesanía, que convoca a miles de artesanos y que es de gran relevancia para nuestra ciudad, incluyendo dentro de los tipos de eventos, no solo a los culturales sino también a los de deportivos”, dice el dictamen por la minoría.
“Establece además que el evento que registre perdidas por tres años consecutivos deberá evaluarse su modificación, reducción o inclusive suspensión, no dando alternativa alguna de consulta pública para continuidad de los mismos”.
“En los eventos deportivos, festivos y destinados a niños no se cobra la entrada; son acciones que no pueden ser medidas por ser rendimiento financiero. Se olvidan de los sectores que sí generan ingresos económicos como los clubes, Policía, Bomberos y hasta los privados como alojamientos turísticos o que prestan servicios”.
“Es curioso que un partido político como el bloque 17 de Octubre, apoye este tipo de proyecto iniciado por el bloque La Libertad Avanza con un parámetro económico, sin considerar que son eventos que no tienen por finalidad una retribución económica (la mayoría son gratuitos) sino el desarrollo socio-cultural y en beneficios de la sociedad (Ej. corsos). Y que además de tratarse de una forma de relevancia y complejidad jurídica no haya teniendo remisión al Asesor Legal del cuerpo”, concluyen.
Qué dice la ordenanza
La nueva normativa es aplicable a todas las festividades, ferias y eventos culturales, deportivos o de cualquier otra índole financiados total o parcialmente con fondos públicos municipales, incluidos aquellos declarados de interés municipal o nacional.Todo evento financiado con recursos públicos deberá presentar un cálculo financiero previo y un balance posterior a su realización. El balance incluirá ingresos proyectados (patrocinios, venta de entradas, subvenciones, etc.) y gastos estimados (logística, seguridad, artistas, promoción, etc.).
Previo a la autorización de cualquier evento, se deberá presentar un informe de viabilidad económica, el cual será revisado por la Comisión Especial del Honorable Concejo Deliberante o por el órgano de control fiscal municipal designado a tal efecto.
Los balances y estados financieros de los eventos deberán ser revisados por una auditoría externa independiente, especialmente en aquellos casos en que se registren pérdidas significativas. Los resultados de esta auditoría serán publicados y estarán disponibles para consulta pública.
Uno de los artículos determina que si un evento genera pérdidas por tres años consecutivos, deberá realizarse una evaluación exhaustiva que considere la suspensión, modificación o reducción del financiamiento del evento. Si este genera pérdidas pero tiene un impacto cultural, turístico o social significativo, la administración municipal deberá evaluar otros criterios de justificación. En tales casos, se podrán buscar alternativas de financiamiento o una reestructuración del evento para mejorar su sostenibilidad económica.
El incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza por parte de los funcionarios responsables podrá ser sancionado con multas o responsabilidades administrativas, conforme a la normativa vigente. A la vez, se crearán mecanismos de consulta pública para que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre la continuidad o reestructuración de eventos que generen pérdidas.
Todos los eventos ya establecidos deberán realizar una evaluación inicial bajo los nuevos criterios para determinar su continuidad bajo el nuevo marco regulatorio.
