En la parte resolutiva de la documentación elaborada por el Ministerio Público Fiscal, a través del Dr. José Arias, queda claro que tanto Cresto como Alfredo Francolini, Jorge Mendieta, Oscar Alberto Santana, Héctor Subeldía y Guillermo Von Zellheim son acusados, con distinto grado de responsabilidad, por los delitos de "peculado" y "falsedad ideológica de instrumento público". La denuncia partió de un puntero político de muy mala reputación llamado Juan Adolfo "Tuco" González. Los cuatro hechos descriptos en la acusación son pagos efectuados por la municipalidad de Concordia a María Agustina, hija de "Tuco", que, según las pruebas que dice haber colectado la fiscalía, no están justificados por prestación de tarea alguna. En otras palabras, el contrato de servicios sería falso y los trabajos jamás realizados. Los montos: uno de 100 mil pesos y otros tres de 25 mil.
Las pruebas de un "complot político - judicial", según Cresto
Este viernes, antes de que la denuncia cobrara estado público, ya el intendente Enrique Cresto había elaborado un descargo. Apelando a aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque, atribuyó la causa a un "complot político - judicial". Nada nuevo bajo el sol. Suele ser la jugada habitual de cualquier político investigado en Argentina.Ahora bien, los argumentos utilizados para justificar la presunta existencia de dicho complot y recusar al Fiscal José Arias preocupan por estas horas al poder político entrerriano, más que la causa en sí. ¿Por qué? Sencillamente, porque pueden convertirse en boomerang.
Veamos uno por uno.
Primero, decir que el denunciante es un delincuente, calificación que efectivamente estaría respaldada por las veces en que su conducta mereció sanciones penales, no hace otra cosa que agigantar un cuestionamiento aún mayor: ¿cómo es posible que un personaje de esa calaña fuera contratado por la Municipalidad de Concordia y por montos nada despreciables? Es más, ¿por qué, a posteriori de que amenazara a funcionarios y protagonizara un serio altercado en el interior del palacio municipal, se le continuó abonando sumas de dinero a través de su hija?
Suponer que todo esto surge de Eduardo Asueta y su primo fiscal José Arias también es arma de doble filo. ¿Acaso así se dirime la interna del PJ? Seguir a fondo esta línea de análisis conduce finalmente al mismísimo gobernador Gustavo Bordet, puesto que Asueta es funcionario suyo. ¿Acaso Cresto insinúa que Bordet está detrás de todo esto?
Aún más disparatado resulta intentar voltear la causa porque un hermano del fiscal es socio en el estudio jurídico de un hijo de Alejandro Bahler, otro pre candidato a intendente. ¿Alguien puede suponer que el actual diputado provincial, de excelente e inocultable relación con los Cresto, podría ser el autor intelectual de la maniobra?
Aún más vidrioso es defenderse dando a entender que la práctica investigada - librar pagos a punteros por trabajos absolutamente inexistentes - es ancestral en la municipalidad y en general en la administración pública, y que ya lo hacía el antecesor de Cresto, el hoy gobernador Gustavo Bordet. Es que admitir esto suena a manotón de un ahogado que, con tal de salvarse, intenta aferrarse de otros arrastrándolos en su caída, además de que, si se lo lleva al campo jurídico, resulta una cuasi confesión.
También se apela al momento elegido para la imputación, en "plena campaña electoral". Por lo que se lee en la documentación de la causa, la denuncia fue formulada el 25 de octubre de 2018. De allí en más, se sucedieron varias visitas al municipio para requerir documentación probatoria, que desembocaron finalmente en la imputación el 28 de febrero de 2019.
¿Qué deberían hacer los funcionarios judiciales para no quedar sospechados de meterse en las campañas políticas? ¿Suspender toda investigación hasta después de las elecciones, algo que en Argentina equivaldría a no investigar nunca, porque, a decir verdad, vivimos de comicio en comicio?
Por último, de todo este fuego de artillería con el que se ataca a la investigación judicial para desacreditarla, tal vez la que podría tener más sustento es suponer, como supone el intendente, que el puntero "Tuco" González, habituado a hacer "mandados" políticos, haya sido instigado a presentarse en los tribunales. No es descabellado que así fuera. Por estas horas, Enrique Cresto escarba en busca de algún indicio que le permita hallar a quien sería el "autor intelectual" de esta "operación". ¿Aparecerá un video como en aquel recordado intento de "asesinato" a Bahler?
Balas de fogueo
Pero todas estas argumentaciones, incluida la presunta existencia de ese instigador en las sombras, sólo sirven para un uso político mediático. En los tribunales son balas de fogueo, porque allí no importa si el denunciante es San Francisco de Asís o el mismísimo demonio, si actuó por un genuino arrepentimiento o si se prestó para una operación política más, si el árbol genealógico del investigador es el de un intocable justiciero o el de un miembro más de la cuestionada "familia judicial". En el campo jurídico lo que vale son las pruebas, si el ilícito existió o no existió y si sus autores son los imputados o no. Lo demás es cartón pintado.Un profesional del derecho consultado por El Entre Ríos se atrevió a calificar a la causa como extremadamente simple. ¿Por qué? Porque son cuatro hechos puntuales, casi calcados, que no son otra cosa que pagos efectuados a González a través de su hija, por servicios que los mismos receptores del dinero admiten que jamás prestaron. Obvio que con esa sola prueba testimonial no es suficiente. Es allí donde entran a jugar un papel decisivo el resto de los testimonios recogidos por Fiscalía, en especial de empleados calificados que intervinieron en el libramiento de los pagos, y, sobre todo, el análisis exhaustivo de la documentación que obra en los expedientes administrativos, para corroborar si las entregas de dinero y los montos de las facturas obedecieron a trabajos efectivizados o, por el contrario, ponen en evidencia la existencia de un fraude de punta a punta.
Tan simples los hechos como insignificantes los montos en juego (un pago de $ 100.000 y otros tres de $ 25.000), si se los compara con los millonarios presupuestos que maneja el municipio. Pero tampoco vale como argumento jurídico la cuantía de la cifra. ¿Hubo peculado o no?: This is the question.
La respuesta a ese interrogante no llegará ni hoy, ni mañana, ni pasado. Mientras dure la causa y no haya sentencia firme, rige para los imputados la presunción de inocencia. Considerando los tiempos de la Justicia, de aquí hasta que se agotaran todas las instancias, seguramente pasarán varios años.
Desde tiempos inmemoriales la ciudadanía sospecha que contrataciones como la de "Tuco" González y su hija, multiplicadas por vaya a saberse cuántos casos a lo largo y ancho de la Argentina, dan forma a un sustancioso y sistemático robo del dinero que los contribuyentes aportan para que sean destinados a salud, educación, seguridad y justicia, entre otros servicios esenciales.
Esa sospecha popular, en especial a partir de lo sucedido en la legislatura y al caso "Troncoso", no hace distingos entre PJ, UCR, Pro y demás fuerzas en pugna. Los pone a todos en la mira, lo que trae a la memoria aquel refrán popular antiguo, que es a su vez todo un consejo: "Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar".
