La denuncia penal se dirige contra la sociedad que explota la chatarrería Todoni que hace décadas viene contaminando y perjudicando a vecinos de la zona donde se encuentra ubicada, en Avenida Circunvalación José Hernández 2561. Este año fue finalmente clausurada tras largos años de reclamos administrativos y judiciales. Sin embargo, aún los dueños no acataron la sentencia judicial que les ordena trasladar los desechos que se encuentran acumulados en ese sitio. Justamente la semana pasada, la Justicia autorizó a la Municipalidad y de la Provincia realizar “el relevamiento técnico de los residuos existentes en la planta de tratamiento y transferencia de residuos”. Además, dispuso el embargo de todos los residuos que sean relevados. En junio, en tanto, se abrió una causa por Desobediencia judicial contra Todoni por no cumplir con las órdenes impuestas previamente en el marco del expediente por la contaminación.
Ahora, las inspecciones y fiscalizaciones del organismo recaudador de la Nación apuntan conta la gerente titular Romina Elizabeth Todoni, y a su hermano y socio Diego. La investigación reveló que la empresa dejó de ingresar al fisco el IVA que le correspondía para los períodos fiscales 2018 (11 y 12), 2019, 2021 y 2022.
Cabe recordar que Romina es hermana de la diputada provincial Débora Todoni, por el mismo partido La Libertad Avanza, quien está casada con el excandidato a intendente y ahora primer candidato a diputado nacional por el oficialismo, Andrés Laumann.
Las maniobras sospechadas consisten principalmente en la utilización de comprobantes apócrifos para justificar compras en el circuito marginal; el cómputo de créditos fiscales provenientes de operaciones con “comprobantes mellizos y/o duplicados”. Se observó que los créditos fiscales declarados por la empresa en sus DDJJ de IVA eran superiores a los informados por sus proveedores. Muchos de los supuestos proveedores no tenían habilitados los puntos de venta o no registraban las operaciones con Las 3 E S.R.L. en sus libros de ventas.
Se detectó la recurrente utilización de créditos fiscales emitidos por “usinas”, es decir, contribuyentes cargados en bases de apócrifos sin capacidad operativa, económica y/o financiera. Se mencionan a diferentes empresas y personas que emitían volúmenes de facturación que no se correspondían en absoluto con sus actividades reales, si no eran directamente fantasmas.
Las acciones se configuran como “declaraciones engañosas” y “ocultaciones maliciosas”, que distorsionan los elementos de la materia imponible.
Sobre los montos de la evasión, ARCA señala que el perjuicio fiscal total identificado en la denuncia asciende a $21.830.853,66. No obstante, la acción penal actual se enfoca en los montos impagos de IVA para los períodos 11 y 12 de 2018 y todo el año 2019, que totalizan $12.366.072,67.
Originalmente, la empresa se había acogido a un plan de facilidades de pago (Ley 27562) para saldar sus deudas. Sin embargo, la caducidad de dicho plan en octubre de 2024, debido a la falta de pago, reactivó la acción penal por los períodos mencionados que aún se encontraban impagos. Se destacó que los ajustes de IVA para 2021 ($2.769.339,25) y 2022 ($6.695.441,74) fueron cancelados mediante compensaciones, y el ajuste de 2020 ($720.149,69) no supera el umbral económico para ser considerado un delito penal tributario.
La acusación se fundamenta en el artículo 2, inciso d) de la Ley 27.430, Evasión Agravada Tributaria, vigente al momento de la comisión de los hechos. Se argumenta que la empresa tenía pleno conocimiento de las operaciones irregulares y que la única razón para articular estas maniobras fue evadir el pago íntegro de sus obligaciones fiscales. Sostienen que el engaño se materializa en la omisión de declarar ventas y el uso de facturas apócrifas para reducir la base imponible del IVA.
La normativa legal establece que el cómputo de crédito fiscal es improcedente cuando el vendedor es ficticio o la documentación no refleja la realidad económica. Asimismo, se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos delitos, y se considera una pena de prisión a los directivos que hayan intervenido en el hecho punible.
La ARCA-DGI ha solicitado al fiscal federal de Paraná, Leandro Ardoy, la instrucción de un sumario judicial y la citación a declaración indagatoria de los responsables.
