Pablo Recchia, presidente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), expresó su malestar y dolor ante la decisión del Ejecutivo: “Este veto del presidente es un retroceso enorme para todos los que estamos acá, para nuestros hijos, para las personas que tienen alguna condición. Esto de manejar a un país solo desde lo económico y no desde lo humano realmente nos deja en una posición muy difícil, y tenemos que recurrir a hacer visible nuestra protesta. Lejos de parecer que vamos yendo en buen camino, estamos en una situación terminal. Nos llena de angustia e impotencia. Los aliento a que nos empecemos a juntar porque la única forma para discutir esta situación es de esta manera”.
Por otra parte, desde Casa Club Gualeguaychú advirtieron sobre las graves consecuencias que ya se evidencian: “Toda persona con discapacidad necesita apoyos pedagógicos, de un profesional, de un centro de día, de una escuela especial. Quienes tenemos familias con padecimientos y discapacidad sabemos lo importante que son los apoyos. Con este veto, nos están sacando los apoyos, porque hoy los prestadores no pueden seguir adelante porque tienen que vivir, y ¿Cómo van a vivir si les pagan con atrasos increíbles las obras sociales? Les están pagando con hasta 8 meses de retraso, les deben desde el año pasado. Realmente es seria la situación. Esto se suma a que todas las pensiones en discapacidad están en la mira”.
También estuvo la organización Padres y Padres TEA, quienes se hicieron escuchar con firmeza: “Estamos representando a más de 150 familias, estamos desde la indignación, el hartazgo y decimos: basta. Este veto, desde que se anunció con una ironía asquerosa, nos golpeó muy fuerte. Uno no elige tener discapacidad y existen derechos y apoyos para las personas que tienen una condición en todo el mundo. Que se dé este veto implica que muchas familias van a dejar de contar con apoyos. Muchos no pueden hacer los tratamientos ni acceder a servicios. Hoy por hoy, las familias no lo pueden sostener. Por eso gritamos: ‘No al veto’. Mucha gente va a quedar fuera de muchísimos servicios que son imprescindibles para el día a día”.
Las organizaciones sociales y familiares coinciden en que el veto representa un punto de quiebre, y anuncian que intensificarán las acciones para visibilizar la situación. Reclaman ser escuchados y exigen al Gobierno nacional una política pública que contemple la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad como una prioridad.
