Según indica el texto de la iniciativa, los agentes y funcionarios públicos que se negaren sin causa justa a realizar las capacitaciones serán “intimadas” por el organismo en el que prestaran funciones y, añade, el incumplimiento de dicha intimación de dicha intimación será considerado falta grave, dando lugar a una sanción disciplinaria.
La iniciativa del bloque Juntos por el Cambio, que lleva la firma del radical Uriel Brupbacher como autor, indica que las capacitaciones deben contener de forma clara y precisa la información sobre cómo denunciar situaciones de vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes en cada jurisdicción. Además, deben “brindar información que permita reconocer indicadores sobre posibles hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
En tanto, mientras se espera por un protocolo nacional que se publicará sobre el tema, la Provincia podrá elaborar un Protocolo provincial “dada la urgencia del tema, con un aumento exponencial de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes desde la pandemia”, estipula el proyecto que ingresó este lunes en la Cámara de Diputados.
En los fundamentos, Brupbacher apela al conmocionante asesinato del niño Lucio Dupuy, cuya muerte se transformó en un caso de amplia cobertura mediática y de hecho derivó en la “Ley Lucio” que obliga la capacitación en el Estado nacional que el diputado radical pretende en la provincia.
“El Estado demostró en varios casos que no se están reconociendo y protegiendo de forma eficiente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (...) El sistema actual es errático y descoordinado y, lo más importante, no garantiza el pleno derecho”, considera el legislador, que presentó el proyecto de ley acompañado de pares de la UCR y el PRO.
Respecto del poder de transformación de su propuesta, Brupbacher reconoce: “Sabemos que solo con un cambio en la ley no erradicamos la violencia hacia los niños, pero sí podemos interpelar a todos los actores involucrados”.
A su vez, señala que parte de la falta de coordinación en la respuesta estatal ante los casos de violencia “tiene su fundamento en la falta de información de la sociedad en general respecto a cómo y dónde radicar la denuncia”.
Finalmente, menciona que es “de suma importancia que el gobierno provincial disponga de todas las partidas necesarias del presupuesto, tanto para poder concretar las capacitaciones como para sostener en forma efectiva la infraestructura, y sobre todo los profesionales que intervienen (médicos, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas, etc) que muchas veces cobran poco y tarde para la inflación actual, y son quienes intervienen directamente con los niños, niñas, adolescentes, y sus familias”.
