Según lo dispuesto por su directorio, la apertura de la oficina en Paraná se propició “a los fines de facilitar las operaciones de la compañía para la realización de obras viales y/o de infraestructura en la provincia de Entre Ríos”. La sede social funciona en el quinto piso del edificio ubicado en calle La Paz 56. Durante la reunión celebrada el 1 de diciembre de 2016 en la sede de la compañía, emplazada en la localidad mendocina de Maipú, se designó al ingeniero civil José Luis Sumbaino como su representante en Entre Ríos.
Sumbaino, junto con Ernesto Dapit, contó con un poder especial de José Cartellone Construcciones SA para solicitar la inscripción de la sucursal bajo los términos de la Resolución 296 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Un trámite que finalmente fue convalidado por el titular de ese organismo, Lisandro Amavet.
Entre los trabajos más destacados en la provincia la empresa se adjudicó el primero de los cuatro tramos de la autovía entre Paraná y Concordia, una obra que debió finalizarse en 2014. Su frente de obra abarcó 67 kilómetros, desde el empalme con la ruta nacional 12 hasta las colectoras pavimentadas.
La firma, que también ejecuta obras en otros países de la región, se vio rozada por el escándalo de las coimas de la brasilera Odebrecht, con la que se asoció para concretar la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas. Esa Unión Transitoria de Empresas (UTE) incluyó a otros pesos pesados de la construcción como Grupo Roggio, Supercemento y Esuco.
En diciembre pasado los principales directivos de Cartellone prestaron declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello, quien investiga un sobreprecio de 300 millones de pesos. Un hecho que causó gran revuelo en el mundo de los negocios y también en ámbitos políticos.
Algo parecido a lo que sucedió en agosto de 2015, cuando el entonces ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, incluyó a José Cartellone Construcciones Civiles SA entre las principales contratistas de obra pública del país. La ubicó en el octavo lugar, muy lejos de Austral Construcciones, relegada al trigésimo sexto y último puesto.
La difusión de esa nómina intentó desmentir que se estuviera favoreciendo a la firma de Lázaro Báez. Algo que el empresario Víctor Pietroboni denunció por los medios pero que no pudo ratificar ante la Justicia porque lo sorprendió la muerte.
