Mayer sostuvo que el STJ es un “órgano político”, que sus vocales no acceden por concurso a ese lugar y que como tal definen la política penal de la provincia a través de sus sentencias. En esa línea, agregó que la ley nacional, a veces, no puede estar por encima de la ley provincial, en referencia al establecimiento de los plazos procesales, fijados en el Código Procesal Penal de la provincia.
El juez de Garantías se tomó desde las 12.15 hasta pasadas las 13.30 del martes para dar los fundamentos y así fue que retomó los argumentos de los defensores. En la audiencia pasada, los abogados Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen pidieron el sobreseimiento del exmandatario provincial e hizo lo propio el abogado Juan Méndez en representación de Haidar y Ulrich.
Basó su decisión en una “minuta” que pidió en la audiencia de planteos al fiscal Gonzalo Badano -a cargo de la investigación-, donde se detalla la actividad en la causa. Señaló que los hechos investigados comienzan en 2007 y la investigación se abrió tras una denuncia en 2017. Aseguró que el Ministerio Público Fiscal (MPF) no mostró actividad en la causa durante “23 meses, porque la segunda medida se pidió 2 años después”, marcó, en referencia a los allanamientos pedidos en sede de la empresa Relevamientos Catastrales, en Buenos Aires, propiedad del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, contratista de la provincia durante las administraciones de Urribarri.
Mayer afirmó que desde entonces, la investigación volvió a paralizarse hasta abril de 2020, cuando la Fiscalía pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los “involucrados en organismos públicos”. Como no hubo respuestas, el MPF hizo un oficio reiteratorio en octubre de 2020. “Seis meses tardaron en reiterar el oficio”, criticó. Añadió que en noviembre de 2020 se pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Ulrich y un informe de empresas de telefonía. “Después de eso la defensa, con buen criterio, pidió una audiencia para solicitar el sobreseimiento. Se pidió el 2 de febrero de 2021 y la audiencia ocurrió el 23 de febrero”, señaló.
El juez de Garantías recordó que en esa instancia no resolvió el sobreseimiento de los imputados porque los defensores no lo pidieron, pero lo dijo y quedó grabado. En esa instancia consideró que el plazo razonable para concluir la investigación vencería a los tres meses. Es decir, en mayo de 2021. “La Fiscalía tampoco pidió la prórroga para continuar investigando”, advirtió.
Señaló que en abril de 2021, Fiscalía pidió información sobre boletos de vuelo y pasajes a la empresa InterFly, y en el mismo mes hubo un “exhorto al diario Crónica por uno de los seis sucesos que tiene que ver con (Guillermo) Smaldone”, exministro de Trabajo de la provincia. El joven Smaldone, que con solo 33 años, comandó la cartera de Trabajo en la provincia y posteriormente fue designado presidente del Tribunal de Cuentas, es hijo del vocal Juan Ramón Smaldone que está integrando el Jurado de Enjuiciamiento que lleva adelante el jury a la suspendida fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.
Mayer dijo que la investigación volvió a mostrar actividad el 19 de abril de este año, cuando la Fiscalía libró oficio a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) pidiendo información fiscal sobre la cónyuge de Ulrich. “Esto podía haberse determinado mucho tiempo antes”, marcó.
Para el juez, “no estamos en busca de la verdad como sea”. “Hay una falla estructural por falta de herramientas y recursos”, señaló y alertó sobre la Fiscalía Anticorrupción contemplada en la Constitución Reformada de 2008 que nunca se creó. Dijo que “hay afectación jurídica” de los imputados porque, si bien no estuvieron en prisión preventiva, se trata de “figuras públicas ¿eso no tiene valor?”, preguntó. “Cada uno de nosotros clama por procesos penales justos y no amañados”, acotó.
Reclamó por la no ponderación de algunos intereses sobre otros sino una “armonización”. “Acá se agotaron los plazos, como en el antecedente Cozzi. No estamos hablando de prescripción, sino que Fiscalía perdió la potestad para investigar. No se puede archivar esta causa porque las indagatorias están hechas, entonces queda el sobreseimiento”, decidió.
