Según informaron, las audiencias están previstas para el martes 12 y miércoles 13 a las 9. En ellas se revisarán los cuestionamientos de los defensores de 12 de los 18 imputados, quienes atacan la negativa de la jueza Marina Barbagelata a conceder apelaciones sobre resoluciones clave tomadas durante la audiencia del 30 de junio.
Entre los puntos objetados figuran: rechazo a pedidos de sobreseimiento, planteos por inexistencia de causa probable, solicitudes de cambio de calificación legal y la decisión de postergar el tratamiento de excepciones como la falta de legitimación y la prescripción.
Por el momento, la remisión a juicio está suspendida desde el 21 de julio tras los planteos que ahora fueron formalmente admitidos.
Los recursos fueron impulsados por un nutrido grupo de abogados: Emilio y Germán Fouces, en defensa de Sergio Cardoso, Jorge Lázaro y José Schneider; Victoria Halle, por Mariano Speroni y Diego Pagnoni; Tomás Vírgala, por Roberto Faure; Miguel Ángel Cullen, por Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Maximiliano Degani y Pedro Opromolla; Iván Vernengo y Damián Petenatti, por Alfredo Bilbao; y Pablo Hawlena Gianotti junto a Cullen, por Jorge Enrique De Breuil.
De los 32 imputados originales, solo 18 continúan en el expediente. Doce accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado, y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. Además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuil, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.
A mediados de abril, accedieron a probation María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Según la investigación fiscal, el dinero sustraído mediante “contratos truchos” fue canalizado hacia inversiones privadas, principalmente en los rubros inmobiliario y agropecuario. Las maniobras habrían involucrado a funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos ajenos a la estructura estatal, encargados de buscar prestanombres, falsificar firmas y endosar cheques.
