Se trata del órgano encargado de designar mediante concursos a integrantes del Poder Judicial, como jueces, fiscales y defensores. El expediente sancionado reforma la Ley N° 11.003 del Consejo de la Magistratura con el objetivo de revertir los inconvenientes de funcionamiento vinculados a la paralización de las instancias de oposición necesarias para cubrir vacantes, se informó.
Se refiere a los problemas ocasionados a partir la anterior modificación introducida en 2022, durante la gestión de Gustavo Bordet en el Gobierno y con Ángel Giano como presidente de la Cámara de Diputados (pareja de quien en seguida fue designada como vocal del STJ, Gisela Schumacher), y prácticamente en paralelo a la destitución de la exprocuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche.
Particularmente, una de las reformas más sensibles introducidas en la nueva Ley fue apartar al máximo tribunal provincial como instancia directa de apelación de aquellos aspirantes a cargos que tuvieran objeciones para plantear sobre tal o cual concurso.
Durante todo el año en que se discutió este proyecto, el STJ operó para no eliminar esta facultad que se les otorgaba y que había sido motivo de fuertes discusiones y recursos judiciales, como el presentado por el fiscal de Concordia, José Arias, quien pidió a la Justicia que se declare inconstitucional aquella Ley por la “intromisión” en los concursos que le permitía al Superior Tribunal, lo cual ponía en peligro la independencia del Consejo de la Magistratura. Arias es uno de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, el cargo más sensible para el poder político que, en la modificación de la Ley en 2022, había alivianado las exigencias para concursarlo.
En este marco, el Gobierno provincial, en abril de este año, declaró la nulidad de los cuestionados concursos para fiscal anticorrupción.
La nueva Ley del CMER y aquel decreto del gobernador no fueron los únicos reveses que sufrió el STJ en este año. Cabe recordar que tampoco prosperó en la Legislatura el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por los vocales de la Sala Penal, Claudia Mizawak y Daniel Carubia. En abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el “fallo Cozzi” del STJ, que había dictado el sobreseimiento de un imputado en una causa por corrupción debido al paso del tiempo en la investigación. Finalmente, también el máximo tribunal del país cuestionó severamente a los superiores entrerrianos en la sentencia que revocó la destitución de Cecilia Goyeneche y derivó en su reincorporación.
Contra el “dedo”
“Necesitamos esta ley porque no podemos tener en nuestra provincia jueces, fiscales o defensores que hayan sido nombrados a dedo. Los entrerrianos necesitan que las personas que ocupen esos cargos, que son tan importantes, tengan la autonomía indispensable para poder hacer su trabajo de la forma más justa posible”, argumentó la diputada Lena en su alocución al fundamentar la aprobación de la nueva norma en el recinto este jueves.Asimismo, celebró que todos los bloques hayan acompañado. “Es indispensable que el Consejo de la Magistratura empiece a funcionar como corresponde, que se normalicen los concursos para cubrir cargos de jueces, defensores y fiscales que hoy están vacantes u ocupados por suplencias en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos”, detalló.
Las modificaciones introducidas por el Senado y aceptadas por Diputados refieren a respetar el principio de paridad de género en la subrogación de los consejeros suplentes, a la eliminación de los concursos anticipados (previstos en la redacción original) y a asegurar un miembro perteneciente al plantel docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, quien alternará su función por período con un profesor de la carrera de abogacía de universidades públicas nacionales de la región.
