La solicitud formal del fiscal federal llegó a Enersa el pasado 4 de junio y días más tarde fue respondida desde la empresa mediante una nota firmada por la gerenta de Asuntos Legales, Gabriela Ferri, en la que se detalló todo lo remitido.
En un primer punto, se hizo mención al envío de las conclusiones de la investigación interna, contenida en 18 fojas, acompañadas de la documental completa que fue relevada por los integrantes de la comisión creada a tal fin. En ese informe se describió el esquema de corrupción mediante el cual se produjo el saqueo a la compañía estatal, con la presunta complicidad de funcionarios que consintieron o miraron para otro lado en cada contrato y en numerosas adendas y actualizaciones.
Por mencionar un dato que surge de esa documentación, sólo de 2022 a 2024, Enersa pagó a la empresa Securitas, de los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, más de 1.300 millones de pesos por encima de lo que deberían haber cobrado por el servicio de seguridad, con sobreprecios y sobrepagos de casi 900 por ciento.
En la nota firmada por Ferri se informa también al fiscal Domínguez que Enersa otorgó poder especial al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, para promover acciones legales contra Securitas para obtener una reparación patrimonial por los daños y perjuicios sufridos por Enersa. Hasta el momento, no se informó oficialmente que haya habido movimiento en ese sentido.
Desde Enersa también se envió al juzgado de Arroyo Salgado la totalidad de las constancias documentales vinculadas con los pagos realizados a Segar SA, como facturas, órdenes de pago y comprobantes de transferencias. Y se informó, también a pedido del fiscal Domínguez, una lista con los nombres y apellidos del personal interviniente en todo el proceso.
Puntualmente, se mencionó a Néstor Gabriel Balcar, gerente de Suministros y Planificación; Diego Brunetti; jefe de Inmuebles y Automotores; Diego Argente, responsable de Cuentas por Pagar; Claudio Farías, tesorero; Marcos Aldana, gerente de Finanzas; Héctor Malmierca, gerente de Administración; Alejandro Cis, gerente de Logística; y Juan Carlos Pimentel, gerente general. Los dos últimos están imputados en la causa.
En un tercer y último punto, en la nota de Ferri se dio respuesta a una consulta de Domínguez acerca del rol del Tribunal de Cuentas de la provincia respecto del control de los ejercicios 2018 y 2019. Puntualmente, el fiscal pidió saber si se habían realizado observaciones sobre el contrato de Securitas, el pago de adicionales y la cesión del contrato a favor de Segar SA.
“Se hace saber que el Tribunal de Cuentas en el control efectuado de los ejercicios 2018 y 2019 no han realizado observaciones”, respondió la gerenta de Legales de Enersa.
El informe ya fue incorporado al expediente que se tramita en el juzgado a cargo de Sandra Arroyo Salgado.
