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El gobierno de Entre Ríos dio por concluido un sumario administrativo en el marco de una denuncia por presuntos hechos de violencia ocurridos dentro del Hospital San Martín de Paraná, y declaró abstracta la aplicación de una sanción -que contemplaba hasta 30 días de suspensión sin goce de haberes- debido a que el agente se acogió al beneficio de la jubilación.

La decisión fue formalizada mediante el decreto Nº 1535/2026, firmada el pasado 4 de junio y publicada esta semana en el Boletín Oficial, donde se dispone en su artículo 1º “aprobar y dar por finalizado el Sumario Administrativo dispuesto mediante Decreto Nº 1690/23 MS”, cerrando así el proceso disciplinario que se había iniciado tres años atrás.

El expediente tenía como origen una denuncia radicada en 2022 por una trabajadora del nosocomio, en la que se describían presuntos hechos ocurridos durante la jornada laboral entre ambos agentes que se desempeñaban como instrumentadores quirúrgicos.

A partir de esa presentación, en 2023 el Poder Ejecutivo Provincial había ordenado la instrucción de un sumario administrativo al agente involucrado, al considerar que su conducta podía encuadrar en la Ley Nº 9.755 Régimen de Empleo Público, particularmente en lo referido a “infracciones reiteradas en el cumplimiento de sus tareas o falta grave hacia superiores, iguales, subordinados o al público”.

En aquel decreto de inicio, también se había señalado la intervención del Juzgado de Garantías Nº 4 de Paraná, que había dispuesto oportunamente medidas restrictivas de conducta en el marco del conflicto laboral, y se había instruido la actuación de la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado para la investigación administrativa correspondiente.
La sanción prevista, pero sin aplicación
El nuevo decreto de 2026 establece que, si bien en el marco del sumario se había evaluado la aplicación de una sanción de suspensión por 30 días sin goce de haberes, la misma queda sin efecto al haber cesado la situación de revista del agente por jubilación.

En ese sentido, el texto oficial indica que se declara “abstracta la aplicación de la sanción de treinta (30) días de suspensión sin goce de haberes que le hubiere correspondido”, dado el acceso del trabajador a la jubilación ordinaria común.

Sin embargo, la resolución administrativa no cierra completamente las consecuencias del expediente: el decreto dispone además que se deje constancia de la situación en el legajo personal del agente, lo que significa que los antecedentes del caso quedan registrados en su historial laboral.

Asimismo, se aclara que la administración provincial se reserva la posibilidad de aportar estos antecedentes al ámbito judicial si así correspondiera, o de hacerlos valer en futuras instancias administrativas.
Un expediente que se extendió por tres años
El caso se inició formalmente en junio de 2023, cuando la entonces ministra de Salud, Sonia Velázquez, dispuso la apertura del sumario administrativo tras tomar conocimiento de la denuncia y de las actuaciones judiciales preliminares.

Con la jubilación del agente involucrado, el proceso concluyó sin la aplicación efectiva de sanciones disciplinarias, aunque con el cierre formal del expediente y la preservación de su registro administrativo.

La medida fue refrendada por el actual ministro de Salud Daniel Blanzaco y lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio, mientras que el decreto de inicio del sumario había sido firmado en 2023 durante la gestión de Gustavo Bordet.

El caso se enmarca dentro de los procedimientos administrativos del sistema de empleo público provincial, que establece el régimen disciplinario aplicable a los trabajadores estatales.
Fuente: El Entre Ríos

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