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Jorge De Breuil entregó dos carpetas amarillas, contestó preguntas de los fiscales y pidió volver después de la feria judicial para una nueva ampliación de imputado. Lo hizo acompañado por Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, sus abogados defensores, a las 9.45 en las oficinas del Ministerio Público Fiscal.

La primera vez que fue citado por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry para que preste indagatoria, De Breuil se abstuvo de declarar. Eso ocurrió los primeros días de febrero de este año.

A través de Análisis y el programa “Cuestión de fondo” (Canal 9 Litoral), se dio a conocer que el cordobés (víctima de la última dictadura militar y quien tiene un hermano desaparecido), tiene vínculos comerciales con Alfredo Bilbao y el exjefe del Servicio Administrativo Contable del Senado, Gustavo Hernán Pérez.

La imputación concreta sostiene que Bilbao se encargaba de “participar del neto de las ganancias ilícitas” (obtenidas en contrataciones irregulares) a Pérez y De Breuil. La hipótesis acusatoria indica, además, que ese dinero sustraído tuvo como finalidad diferentes inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas.

En diciembre de 2005, De Breuil (expreso político de la última dictadura, residente en Córdoba y allegado al entonces vicegobernador Guastavino) creó la empresa La Roca SRL, junto al exfuncionario del Senado y actual intendente de Seguí, Álvaro Cristian Treppo, para el desarrollo de negocios de turismo y combustible, entre otros aspectos. Los socios pasaron a ser los hermanos Gonzalo y Hugo Alcalá, provenientes de una conocida familia de Hernandarias, cuyo padre, al fallecer, dejó una importante herencia.

En 2008, De Breuil y Guastavino crearon la empresa Baco Inversiones SA, como constructora, inmobiliaria e inversiones. Guastavino ya había asumido como senador nacional y De Breuil quedó en planta permanente del Senado provincial. Un año después, De Breuil sumó Sandebus Inversiones, dedicada al mismo rubro que la firma anterior. Según la justicia, en enero de 2008 comenzó a desarrollarse el sistema de contratos truchos, que comenzaron en un número de 100, aproximadamente. En 2012, a esa firma se sumó el contador Gustavo Hernán Pérez y quedó como presidente.

También en 2012 se generó la sociedad Las Nazarenas SA. Los socios son De Breuil, el contador Pérez y Hugo Alcalá. La firma tiene un objeto agropecuario, pero también turístico.

Todo indica que Bilbao, Pérez y De Breuil desarrollaron varios negocios en forma conjunta que podrían estar vinculados a dineros provenientes de la Legislatura. Además de las empresas mencionadas, generaron un fideicomiso en calle Alsina al 800 de Paraná, donde realizaron varios departamentos. Disponen de un terreno importante sobre la ruta 12 -a escasos metros de un conocido restaurante cercano al parque industrial de la capital provincial- y hubo una fuerte inversión en Villa Libertador General San Martín.

Se trata de departamentos propiedad de Alfredo Bilbao, en calle Amado Nervo al 650 de Libertador San Martín que, en la Administradora Tributaria de Entre Ríos, también están, en paralelo, a nombre de De Breuil y el contador Pérez. El extitular del Servicio Contable del Senado también posee un terreno importante en Puiggari, en calle Madre Teresa de Calcuta, y tres inmuebles en Colón al 400, en Paraná.
Pérez, Bilbao y De Breuil
Son investigados como socios de las inversiones, cuyo capital original sería la sustracción de dinero de contrataciones irregulares, según la acusación.

Los propios fiscales han contado en las numerosas audiencias que el dinero salía de las arcas públicas y pasaba por estudios contables, donde se tramitaban los contratos. El desvío habría sido de unos 2 mil millones de pesos, que fueron a parar a las inversiones particulares.
Bienes embargados
En mayo hubo una audiencia en la que se expuso la administración de cabezas de ganado y equinos, que están en un campo arrendado del distrito Mojones, a unos 50 kilómetros de Viale y a unos 120 de Paraná.

La administración se realiza a partir de un convenio entre la defensa de Bilbao y la fiscalía, a fin de ir liquidando los bienes. Es que tienen que tratar de conservar el valor y, además, pagar deudas con el arrendatario. Por eso se abrió una cuenta bancaria que administra la justicia, a donde se fue pasando el capital como “activos de bajo riesgo”.
Fuente: Análisis

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