Radical, hincha de independiente, exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Fabio Quetglas accedió a la entrevista a condición de no abordar asuntos de la política local, aunque transparentó su mirada de Concordia, a cuya municipalidad asesora desde que llegó a la intendencia Francisco Azcué. En estricto off, algunos funcionarios suelen ponderar sus intervenciones en reuniones de gabinete.
“Soy un hijo de la Argentina industrialista. Nací en 1965 en un barrio obrero en Wilde, en el segundo cordón de Gran Buenos Aires, en la época del pleno empleo, de los loteos populares, de las vacaciones masivas, de un país que era muy optimista”, recordó, a modo de presentación. Contó que empezó a trabajar de chico, a los 14 años, como cadete de farmacia, algo que “era usual en esa época”. Y no fue su única labor. “Lo que más me marcó en mi juventud es que fui canillita durante 3 años”, rememoró, con visible nostalgia.
De profesión abogado, decidió no ejercer como tal y especializarse en “desarrollo local”. En su lenguaje aparecen palabras poco usuales, como “proto recursos”, “metapolítico”, aunque también apela a la jerga deportiva cuando, por ejemplo, define al desarrollo como una “maratón” y no como una “sprint”.
El diálogo con Quetglas incluyó consideraciones sobre las posibilidades de ciudades como Concordia para salir adelante en un contexto como el actual, en el que la balanza de las oportunidades se inclina hacia el oeste del país –“la conquista del oeste”, la llamó-, con Vaca Muerta y la minería, y la apertura económica amenaza a producciones nacionales “sustitutivas”. La mirada de Quetglas acerca de la actual encrucijada del país combina -en dosis casi iguales- elogios al equilibrio macroeconómico y a la apertura, por un lado, y, por el otro, claras advertencias acerca de las necesarias reformas que urge implementar para evitar que las industrias locales queden desprotegidas ante la competencia externa. Si bien es cierto que "los melones se acomodan en el carro", también es verdad que “los de abajo terminan aplastados”, dijo, apelando a una metáfora para demandar que la política no se desentienda de los perdedores del actual modelo. “Quiero que los melones se acomoden en el carro, con la menor cantidad de melones aplastados posible”, agregó.
El desafío de Concordia: “ser la mejor versión de sí misma”
Al ser consultado específicamente sobre Concordia, Quetglas resaltó que se trata de una ciudad con un pasado de “potencia económica” y con capacidades significativas en el presente, que debe afrontar el desafío de ser "la mejor versión de sí misma".Para que la ciudad sea elegida por inversionistas y que sus propios habitantes no se vean forzados a migrar, Quetglas identificó varios requisitos. El primero de ellos –remarcó- pasa por la “construcción de un liderazgo que ordene la capacidad presupuestaria y fortalezca la confianza en las relaciones público-privadas”.
Tras aclarar, a modo de premisa, que el desarrollo no es solo económico ni tampoco solo político, lo definió más bien como un proceso "metapolítico". Aunque la política tiene un rol importante, el éxito de un territorio –dio a entender- va mucho más allá de las decisiones gubernamentales y se sustenta en pilares que trascienden la gestión política.
Según Quetglas, "siempre la sociedad es más fuerte que el Estado" y por ello el desarrollo requiere que la política trabaje con la diversidad de actores económicos y sociales, sin pretender ser la única que lleve la “batuta”.
A manera de ejemplo, mencionó el caso de Tandil, donde el progreso –dijo- "excedió y mucho a la política". Según su mirada, el cambio fue posible porque la ciudadanía empezó a creer en sus propias capacidades, en su ubicación y en su economía diversificada, generando un ecosistema de confianza y ahorro local que se reinvierte en la propia ciudad.
Definió que las ciudades crecen sobre la base de un “sueño colectivo”, un entorno donde la gente que elije irse, lo hace por una libre decisión y no por falta de opciones.
De “proto recursos” a recursos
Quetglas explicó que los recursos naturales en un principio son solo "protorrecursos", mientras no se crucen con un nivel de inteligencia y conocimiento que los vuelva aprovechables. El ejemplo al que apela es muy claro: transformar la basura en energía o la producción primaria en valor agregado global depende de la capacidad técnica y la innovación. Caso contrario, la basura seguirá siendo solo basura.Para el consultor, es vital que las fuerzas políticas y sociales construyan juntas una narrativa vinculada a las potencialidades del territorio. Aclaró que esta narrativa no consiste en inventar una historia, sino en reconocer activos reales, como la ubicación estratégica o la oferta universitaria.
Responsabilidad y sensibilidad; sprint y maratón
Quetglas consideró decisivo que la política combine “responsabilidad y sensibilidad”. Dicho de otro modo, que se complementen la racionalidad económica con la sensibilidad social, para que el desarrollo sea inclusivo y no deje a los sectores más vulnerables "aplastados" (como los “melones” en el piso del carro) por los cambios económicos.Validó también como necesario un marco fiscal “que no sea predatorio para la inversión”, con el objetivo de que la región geste cadenas de valor cuyos productos abastezcan demandas globales, transformando sus recursos en calidad de vida para sus ciudadanos.
Al definir que el camino del desarrollo "no es un sprint sino una maratón", se preocupó por dejar en claro que no existen soluciones mágicas de corto plazo.
Las fortalezas y debilidades de Concordia
En su mirada de Concordia, identificó tanto fortalezas como algunas debilidades.Resaltó que la ciudad posee activos fundamentales que muchas otras no tienen. Por ejemplo: 1) No padece problemas climáticos insalvables y cuenta con un volumen poblacional que permite a diversas cadenas de valor resolver el mercado doméstico, algo imposible en pueblos más pequeños; 2) Una oferta universitaria y de educación superior consolidada, además de atractivos en su paisaje de gran valor; 3) Ubicación estratégica, sobre la ruta más transitada de la Argentina, lo que representa una ventaja logística y comercial clave.
Quetglas apuntó al pasar algunos aspectos críticos que la ciudad debe atender. Mencionó la existencia de una “actividad cíclica” que genera cordones de inestabilidad laboral y pobreza, lo cual es una deuda pendiente.
CiVerCon y la revalorización de la frutihorticultura
Quetglas ponderó las potencialidades de CiVerCon (Cinturón Verde de Concordia), desde una decidida revalorización de la producción frutihortícola.Consideró indispensable cambiar la percepción que se suele tener de la actividad. En lugar de verla de forma peyorativa, debe asociársela con la salud, el ambiente, la tecnología y el futuro, como lo han entendido modelos exitosos en el mundo.
Por caso, mencionó a Cataluña en España y a la región de Emilia Romaña en Italia, donde la producción frutihortícola ha sido reconocida con la jerarquía de un sector estratégico de vanguardia.
En un mundo que envejece, la salud preventiva es clave. Por ende, la producción de frutas y verduras se alinea con una demanda global que busca comer cada vez mejor y de forma más saludable, explicó.
El impulso a CiVerCon requiere, según la mirada de Quetglas, de una colaboración público-privada estrecha, una relación de "amigabilidad" y diálogo constante entre distintos actores: los empresarios, responsables de la inversión y la innovación tecnológica; el sector público, responsable de generar el contexto institucional adecuado; y el sector científico-tecnológico, del que es un ejemplo el INTA, que aporta el conocimiento técnico necesario.
El modelo se aplica con éxito cuando existen condiciones de base. En el caso de Concordia, Quetglas valoró que ya se cuenta con el clima propicio, disponibilidad de agua y una tradición productiva que permite diversificarse más allá del citrus y el arándano. Citó como ejemplo el éxito de la nuez pecán.
La obra pública y las responsabilidades de Nación, provincias y municipios
Fabio Quetglas está convencido de que hace falta definir con claridad qué obras corresponden al Estado Federal, cuáles a las provincias y cuáles a los municipios.Citando como ejemplo a modelos como el de Estados Unidos, reconoció que el Estado Nacional debe encargarse de las autopistas, puertos y aeropuertos, utilizándolos como herramientas de reestructuración del territorio.
En tanto los gobiernos locales tienen la responsabilidad de invertir en la “infraestructura de última milla”; es decir, obras específicas que facilitan el desarrollo económico inmediato del territorio.
Quetglas alertó sobre la práctica de realizar obras innecesarias para "gobernadores amigos" mientras se postergan obras críticas para otros, y no dudó en equiparar esa falta de criterios de prioridad técnica con una “tragedia económica”.
Para él, el problema de la corrupción en la obra pública no se limita a "llevarse la plata a la casa", sino que también pasa por la asignación ineficiente de recursos por amiguismo político, entre otras razones.
“La tragedia argentina tiene muchos nombres y no sólo la corrupción en términos de bolsos, sobres, etc. Recuerdo a un intendente de provincia de Buenos Aires que me contó que el gobierno federal le iba a bajar 100 cuadras de asfalto. En esa dimensión de ciudad, la obra implicaba ganar la elección automáticamente. Pero para llegar a esa localidad, te jugabas la vida. Entonces le dije ‘100 cuadras acá, 10 km, son mucho menos que los 100 km de la ruta que le corresponde al gobierno nacional. Viene acá a hacer las 100 cuadras, y vos lo apoyás, y no hace los 100 km que tiene que hacer’. Me miró azorado”, recordó Quetglas.
El consultor propuso un “gran acuerdo federal por la infraestructura” que incluya compromisos compartidos. O sea, algo así como un pacto entre el gobierno federal y las provincias con reglas claras sobre qué obras deben priorizarse.
Quetglas explicó que las grandes obras (como subtes o puertos) tienen repagos de 30 a 50 años. Para encararlas se requiere normalización macroeconómica que permita el acceso al mercado de capitales.
Sugirió que el país debe disciplinarse a un nivel de gasto público con constricción en ciertos temas para asegurar una inversión sostenida en infraestructura (idealmente entre el 2% y 2,5% del PBI anual), evitando el colapso del sistema por desinversión acumulada.
