“La pesificación de los activos en dólares del FGS es un manotazo ilegal a activos que pertenecen a los jubilados y pensionados actuales y futuros que no puede ser cohonestado ni tolerado. Se trata de un medida inédita, irresponsable y defraudatoria de los derechos de millones de jubilados que de esta forma verán reducidos aún más sus ingresos”, enfatizaron los legisladores en los fundamentos.
La iniciativa, en su parte resolutiva, establece la derogación de los DNU 163 y 164, ambos del 22 de marzo de 2023, publicados en el Boletín Oficial el pasado jueves.
En el segundo artículo plantea que “las operaciones de canje de títulos públicos pagaderos en dólares estadounidenses que hubiesen sido concretadas por las jurisdicciones, entidades y fondos del sector público nacional en virtud de lo dispuesto por el artículo 3° del DNU 164/2023 son nulas de nulidad absoluta”.
“Los funcionarios responsables estarán obligados a realizar todas las acciones conducentes para revertir las operaciones y reponer los títulos públicos pagaderos en dólares estadounidenses que en cada caso hubiesen entregado en las operaciones de canje por títulos públicos pagaderos en pesos”, agrega.
Los radicales cuestionaron con argumentos financieros y legales los DNU impulsados por el ministro de Economía, Sergio Massa. “Comprometen gravemente el futuro de los jubilados y pensionados al quedar deteriorada la solidez de la inversión actual, pasando de una moneda fuerte a la moneda local en proceso de destrucción y pérdida de valor constante frente a la moneda extranjera”, señalaron.
En esa línea, remarcaron que “estos activos serán vendidos luego al sistema bancario, quienes comprarán a precio más barato dándole los pesos al Tesoro para seguir en la búsqueda de financiamiento del déficit fiscal, trayendo como consecuencia que habrá menos capacidad de crédito para el sector privado. Pero, además, toda esta operación tiene un altísimo costo para el Estado ya que al vender esos títulos en dólares se estaría endeudando al 25% y hasta un 45% anual en dicha moneda conforme estimaciones de especialistas en materia financiera, lo cual es inadmisible desde todo punto de vista”.
Los legisladores radicales además reprocharon que los dos decretos “violan le legislación vigente”. “En primer lugar, la norma de creación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS), que tiene por objeto contribuir a la preservación del valor y la rentabilidad de los activos del Fondo. Los DNU patrocinados por Massa también violan la Ley de Administración Financiera porque las operatorias no están contempladas en el Presupuesto 2023 y porque además no cumplen con el requisito de que a través de ellas se mejoren los montos, plazos y o intereses de las operaciones originales”, explicaron.
Y agregaron que “esta situación tampoco se da, ya que la operación no cumple con la pauta de un mejoramiento de montos, plazos e intereses; por el contrario, agrava la situación actual para el Tesoro por los comentarios antes expuestos”.
“En síntesis, una operatoria poco clara en sus procedimientos, violando claras prescripciones legales, que amenaza gravemente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de jubilados y pensionados, debe ser inmediatamente dejada sin efecto”, sostuvieron.
Además de las de Galimberti y Lena, el proyecto lleva las firmas de Mario Negri, Soledad Carrizo, Ricardo Buryaile, Miguel Bazze, Julio Cobos, Karina Banfi, Ximena García, Manuel Aguirre, Juan Martín, Fernando Carbajal, Jorge Rizzotti, Marcela Coli y Gustavo Bouhid.
