Así, la nueva redacción del artículo 2° de la Ley N° 10.746 de Juicios por Jurados dice: “Deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, junto con los delitos conexos que con ellos concurran, los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de 20 años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos, deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados cuando al menos uno de ellos tenga prevista una pena máxima en abstracto de más de 20 años de prisión o reclusión”.
El otro punto sensible es que “abarata” el costo de los juicios por jurados en el punto de la remuneración que percibe cada uno de los jurados populares seleccionados. Aunque deja en poder del Superior Tribunal de Justicia (STJ) la fijación de esa remuneración, la nueva ley establece: “Ningún jurado podrá percibir menos de 2 JUS por cada día de servicio”.
El Senado sancionó el 1° de este mes por amplia mayoría el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue acompañada por el voto de la mayoría el PJ, con la excepción del jefe de bloque, Martìn Oliva, que se abstuvo, y de la senadora Patricia Díaz, que rechazó la iniciativa.
Con la presencia de 16 senadores en la sesión de este miércoles, hubo 14 votos afirmativos; 1 abstención (Martín Oliva); y 1 voto negativo (Patricia Díaz).
La reforma alcanza los artículos 2º, 46 y 96 de la norma. Establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados los delitos cuya pena máxima en abstracto sea superior a 20 años de prisión o reclusión, junto con los delitos conexos que concurran con ellos.
En caso de concurso de delitos, se prevé que la obligación de juicio por jurados rija cuando al menos uno de ellos tenga establecida una pena máxima en abstracto mayor a 20 años de prisión o reclusión. La integración con jurados será obligatoria e irrenunciable. Asimismo, se legisla sobre remuneración y gastos, así como sobre la conservación del cargo de las personas designadas como integrantes titulares o suplentes.
El senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos) manifestó el acompañamiento de su bloque a la iniciativa. “Hay un principio de realidad que se enmarca en la provincia de Entre Ríos, donde hay muchos vecinos esperando el acceso a la justicia”, afirmó. Allí sostuvo que la reforma impulsada por el Ejecutivo no vulnera garantías constitucionales ni convencionales y que se trata de una facultad provincial: “Ponemos y damos prioridad a que entrerrianos puedan acceder a un proceso judicial que están esperando. En la espera se pueden lesionar derechos”.
Cavagna recordó que se escucharon diversas opiniones en el marco de las comisiones, incluyendo a representantes de colegios de abogados e institutos jurídicos. Sin embargo, remarcó que la prioridad de su bloque está puesta en los justiciables. “Hay más de 190 juicios que esperan ser sometidos a jurado. El problema nos llegó y tenemos que resolverlo, aunque sea transitoriamente con esta modificación”, indicó.
El senador también destacó la importancia de mantener el juicio por jurado como instituto de democratización de la justicia, pero aclaró que las reformas son “perfectibles y pueden seguir modificándose”. Finalmente, subrayó que “la prioridad hoy es dar celeridad a la Justicia y garantizar el acceso de las víctimas a un proceso”.