La medida, formalizada mediante el decreto Nº 464/2025 y publicada el este jueves en el Boletín Oficial de la Nación, extiende la designación de Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora y otorga al Ministerio de Economía la facultad de dictar normas complementarias para la implementación de la decisión.
La intervención de Corredores Viales SA había sido dispuesta originalmente por el decreto Nº 244/2025 del 1º de abril, en el marco de la ley Nº 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró a la empresa “sujeta a privatización”.
El nuevo decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la intervención continuará “hasta culminar el procedimiento establecido por el decreto Nº 97 del 14 de febrero de 2025”, que autoriza la privatización total de la compañía bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.
El texto oficial señala que durante la intervención se detectaron “falencias estructurales en la organización, deficiencias en el manejo de la administración, finanzas, compras y contrataciones de la sociedad, de la coordinación legal y de capital humano y en el relevamiento de activos fijos”. A raíz de este diagnóstico, se implementaron medidas para mejorar la gestión, como la aprobación de un nuevo organigrama, la creación de un Comité de Inversiones y la regularización del área legal.
El documento destaca que, pese a los avances, “resulta necesario continuar con las medidas trazadas en el plan de acción previsto a fines de instrumentar las restantes acciones para consolidar las mejoras, renegociar contratos y asegurar que la transición sea ordenada y eficiente y no ponga en riesgo la continuidad operativa de los corredores”. El gobierno justifica la prórroga por la “complejidad de estos asuntos”, que requieren un plazo mayor al inicialmente estimado para la intervención.
La continuidad de Adem como interventora se fundamenta en los argumentos presentados por la propia funcionaria y en la necesidad de garantizar la ejecución del plan de acción. El decreto le otorga “las facultades que el Estatuto de la empresa intervenida le confiere al directorio y/o a su presidente y, especialmente, las establecidas por los artículos 3° y 4° del decreto N° 244 del 1° de abril de 2025”.
El proceso de privatización de Corredores Viales SA se enmarca en los principios de “transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”, según lo dispuesto por la ley Nº 27.742.
El Ministerio de Economía, con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, tiene a su cargo la implementación de las medidas necesarias para la disolución y liquidación de la sociedad. El decreto también consigna la intervención de la exDirección Nacional de Vialidad y del servicio de asesoramiento jurídico de la cartera económica en el proceso.
