El juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, solicitó informes y ordenó pericias y un reconocimiento de las zonas de la provincia de las que se extrae arena silícea para Vaca Muerta. El magistrado adoptó la resolución a raíz de una acción preventiva de daños interpuesta contra el convenio firmado a fines de septiembre entre el gobierno provincial e YPF.
El 75 por ciento de la arena que se usa en Vaca Muerta proviene de Entre Ríos, especialmente de yacimientos ubicados en el departamento Islas. Según reconocen en la petrolera de bandera, la arena entrerriana es “la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora”.
Así lo expresó Horacio Marín, CEO de YPF, que a fines de septiembre suscribió un convenio con el gobernador Rogelio Frigerio que fue presentado como “un acuerdo histórico” desde la Casa Gris. Luego, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para ratificarlo.
En el convenio se definieron objetivos tales como “potenciar la producción de arenas silíceas para Vaca Muerta” y “desarrollar infraestructura que permita hacer más eficiente la logística y reducir costos”.
El convenio motivó la presentación de una acción preventiva de daños por parte del ingeniero Carlos Cadoppi, productor del departamento Islas que viene denunciando un presunto daño ambiental producto de la extracción de arena en el sur entrerriano.
El profesional solicitó puntualmente que no se ejecuten este tipo de convenios sin estudios de impacto ambiental que los respalden y pidió la realización de pericias y pedidos de informes al gobierno. A lo que apunta es a la recolección de prueba anticipada que con el tiempo sería imposible de producir.
El juez Viri, en una primera instancia, solicitó a la Fiscalía de Estado, copia del convenio con YPF y de los acuerdos particulares que se hayan celebrado en ese marco. El magistrado también requirió un listado de canteras y plantas habilitadas, con titular, ubicación y volúmenes autorizados de extracción. Además, el magistrado solicitó la realización de una pericia ambiental e hidrogeológica y ordenó la realización de un reconocimiento judicial.
El trámite tiene similitud con el expediente que también se lleva adelante en el juzgado de Viri a raíz de la demanda por daño preventivo presentada respecto del proyecto de la empresa HIF Global de instalación de una industria presuntamente contaminante en Uruguay, frente a la costa de la ciudad de Colón.
