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La causa, denominada popularmente ‚Äúde los contratos truchos en la Legislatura‚ÄĚ, durante el 2008 y 2018, suma otro cap√≠tulo. El doctor Eduardo Casal, procurador general de la Naci√≥n, evit√≥ resolver su posici√≥n luego de que la C√°mara Nacional Electoral incorpore a la trama la posibilidad de que se est√© ante delitos de car√°cter electoral.
De Casal a Barbagelata
Para eso, remitió un dictamen en el que solicita que lo determinado por la CNE sea evaluado por la jueza de garantías de Paraná, Marina Barbagelata, a cargo de la causa.

‚ÄúEn la medida en que en ese pronunciamiento de la C√°mara Nacional Electoral fueron introducidos nuevos argumentos de interpretaci√≥n del r√©gimen legal modificado, que no integraron los que fueron sustento de la inhibitoria del juez federal, entiendo que, para una adecuada valoraci√≥n de la cuesti√≥n, corresponde al tribunal de origen ponerlos en conocimiento del juzgado de garant√≠as provincial para su debida consideraci√≥n y, s√≥lo ante la eventualidad de que ambos √≥rganos mantengan su criterio, se (des)trabe debidamente el conflicto‚ÄĚ, dice el dictamen.

‚ÄúEn su sentencia del 15 de septiembre pasado, si bien rechaz√≥ la queja, la C√°mara sostuvo que con la sanci√≥n de la Ley 27.504 se incorporaron precisiones relativas a la competencia en materia penal del fuero nacional electoral. Se√Īal√≥, al respecto, que esa ley incorpor√≥ al C√≥digo Nacional Electoral el art√≠culo 146 que prescribe que ‚Äėsi en el marco de los procesos previstos en las leyes electorales, se evidenciara o fuese denunciada la posible comisi√≥n de un delito tipificado en el C√≥digo Penal o sus leyes complementarias, su investigaci√≥n estar√° a cargo del juez federal con competencia electoral (‚Ķ) cuando dichas conductas se cometan en √°mbitos regulados por las normas electorales nacionales‚ÄĚ, reproduce Casal. Y subraya, citando a la CNE, ‚Äúla importancia de fortalecer la excepcionalidad y la especialidad de la jurisdicci√≥n electoral en lo referente al conocimiento de faltas y delitos electorales y su relaci√≥n con el financiamiento de los partidos pol√≠ticos, conforme las leyes 26.215, 26.571 y complementarias‚ÄĚ.
Cómo viene la causa
La causa se elevó a juicio cuando el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, hizo lugar a la petición de abogados defensores y declaró la competencia para su jurisdicción. Esa decisión fue apelada por el entonces fiscal Carlos García Escalada que, ante el rechazo de Alonso, se fue en queja ante la CNE. Mientras tanto, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia, que le corrió vista a Casal. El procurador general de la Nación decidió esperar que resuelva la CNE que está integrado por Daniel Bejas, Alberto Dalla Vía y Santiago Hernán Corcuera; expresó en una resolución la posibilidad de estar ante una infracción electoral, objetivo que buscan los abogados defensores que hicieron el planteo para sacar el legajo de la jurisdicción provincial, donde las penas son extremadamente más duras.

Para los jueces electorales, ‚Äúdeviene insoslayable se√Īalar que, el texto legal referido confiere competencia al fuero electoral para investigar y juzgar las conductas tipificadas en el C√≥digo Penal y en las leyes penales complementarias, cuando dichas conductas t√≠picas se cometan en √°mbitos regulados por las normas electorales nacionales‚ÄĚ.

La investigaci√≥n en la causa contratos, donde se presume que se sustrajeron seg√ļn una pericia oficial, 1.111.871.715 entre 2008 y 2018 a trav√©s de una asociaci√≥n il√≠cita, est√° en un momento crucial.
Fuente: Federico Malvasio para Página Política.

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