En su presentación, la magistrada informa a los miembros de la Sala Penal -integrada por los vocales Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia- acerca de situaciones planteadas en el Servicio Penitenciario, particularmente a partir de distintos hechos que habrían ocurrido este año en dependencias de la Unidad Penal Nº 1 de la capital provincial, los cuales se vinculan con tenencia de estupefacientes y otras actividades delictivas por parte de internos.
Asimismo, destacó que algunas de esas acciones se realizarían dentro del establecimiento carcelario (con acciones dentro de la UP 1 y a través de directivas impartidas telefónicamente), involucrando la participación de personas que se encuentran en libertad.
Bértora señaló además que hubo un hecho de “gran repercusión pública” en marzo pasado, cuando en un pabellón se secuestró una significativa suma de dinero, pastillas y celulares; destacando que en su momento hubo “groseras divergencias” entre lo informado oficialmente y lo publicado en los medios periodísticos, respecto de los montos encontrados. En ese momento, consultó a autoridades penitenciarias -en forma telefónica- si habían dispuesto actuaciones administrativas para evacuar esos interrogantes y determinar responsabilidades en la seguridad interna. Y que, si bien tuvo una respuesta afirmativa por parte del Servicio Penitenciario, todavía no tiene registro ni información alguna que avale la ejecución de esos procesos administrativos.
Tras dejar planteadas esas posibles irregularidades, la jueza de Ejecución transmitió a la Sala Penal que su informe fue elaborado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley Nº 10.866, “atento a la gravedad y la necesidad de dar una respuesta orgánica ante una problemática que crece exponencialmente”.
Por su parte, las máximas autoridades judiciales de la provincia hicieron saber que requirieron a la ministra Romero “urgentes medidas de seguridad y prevención”.
