El dato cobró relevancia a raíz del intento de femicidio ocurrido hace dos semanas, cuando Carolina Huck fue atacada por su pareja, el funcionario policial Mariano Corvalán, quien luego intentó quitarse la vida. Ambos permanecen internados en el Hospital Centenario y el caso encendió las alarmas sobre las medidas preventivas dentro de la fuerza.
El protocolo vigente desde 2015
La jefa de la División de Secretaría General y Personal de la Policía, Beatriz Gauna, explicó que desde 2015 está en funcionamiento un protocolo interno, identificado como “contenido 862”. Este regula los pasos a seguir cuando un funcionario es denunciado por violencia de género.“Cuando tomamos conocimiento de una denuncia, se notifica al agente y a los superiores. Se procede a la retención del arma reglamentaria y se inicia un sumario”, detalló Gauna. Luego, el caso es elevado a la Junta Médica Superior, integrada por un psicólogo, un psiquiatra y un médico clínico, que evalúan al funcionario denunciado.
En esta etapa, la junta emite un informe que generalmente otorga un “apto parcial”: el policía puede portar su arma únicamente durante el servicio, pero debe dejarla bajo resguardo al finalizar la jornada. Solo tras cumplir con evaluaciones médicas favorables, resoluciones administrativas y capacitaciones obligatorias, puede recuperar el arma de manera definitiva.
Seguimiento y capacitaciones
Gauna destacó que además de las evaluaciones médicas, el agente denunciado debe realizar un curso de violencia de género dictado en Paraná, que actualmente también se ofrece en modalidad virtual. “En el caso de violencia de género es muy raro que se lo aparte de la fuerza, salvo que existan más denuncias”, aclaró.La funcionaria agregó que el contralor incluye no solo el aspecto médico, sino también un seguimiento permanente de las actuaciones administrativas y judiciales del denunciado. “Siempre hubo acompañamiento, pero algunos funcionarios son reacios a acudir a los psicólogos. Hoy hay más apertura, y más agentes que piden ayuda”, afirmó.
Condenas a policías por violencia de género
Desde la Fiscalía de Género precisaron que actualmente hay dos sentencias condenatorias contra funcionarios policiales que esperan quedar firmes.La primera contempla tres años y seis meses de prisión efectiva por amenazas coactivas agravadas por el uso de un arma, confirmada por Casación el 19 de agosto de 2025. La segunda condena, elevada a la Cámara de Casación Penal de Concordia, incluye la pena de dos años de prisión en suspenso y una inhabilitación especial de dos años y ocho meses para ejercer cargos públicos, por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad en un contexto de violencia de género.
