Delrubio Hunmendi SRL es una sociedad que se creó por un plazo de 20 años, pero ahora sumó 20 años más: durante 40 años tendrá vigencia. Es, además, la sociedad que, por decirlo así, lo llevó a la cárcel en 2016, aunque Yedro ya recuperó la libertad. Está en libertad condicional. Fue a la cárcel por haber usurpado un campo de más de 2.000 hectáreas que la Justicia le decomisó en 2005 en una condena por enriquecimiento ilícito.
La causa
El 22 de diciembre de 2005, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concordia halló culpable a Yedro del delito de enriquecimiento ilícito, y lo condenó a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, el pago de una multa de 90.000 pesos, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso un campo de su propiedad.Ese campo, de 2.164 hectáreas, ubicado en Raíces Norte, en el departamento Tala, había sido adquirido a un valor original de 800 mil dólares, pero al momento del decomiso tetnía una cotización superior a los 7 millones de dólares. Aquella condena quitó ese bien de los activos del exsenador Yedro (ocupó una banca en la Cámara alta entre 1987 y1991, y entre 1996 y 1999, y antes fue concejal en Concordia) y lo puso en manos de la provincial, para su administración.
La Provincia recién la comenzó a administrar en 2008 pero hubo una especie de uso compartido, hasta que Yedro reclamó a la Justicia en septiembre de 2010 que ese campo le fuera devuelto. Fue a través de un recurso judicial de acción reivindicativa, que presentó ante el titular del Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala, Gastón Agotegaray. Argumentó que la Justicia lo condenó a él por enriquecimiento ilícito, pero terminó condenando a un “tercero”, la sociedad Delrubio y Hunmendi, propiedad del campo en litigio.
Esa sociedad está integrada, además de Yedro, por sus hijas, Fátima, Luciana y Lara, quienes pasaron a formar parte del consorcio en 2003, tras la separación del ex legislador de su esposa, Silvia Torres. Esta última cedió a sus hijas –en forma gratuita– su participación accionaria. El 3 de abril de 2003, y ante escribano público, Yedro y Torres, hicieron el reparto de bienes; el mismo día y ante el mismo escribano, Daniel Corsini, la mujer donó a sus hijas su participación accionaria en la empresa.
Para la Justicia, la compra de aquel campo en Distrito Raíces Norte, departamento Tala, sumado a la compra de un predio de 91 hectáreas en Puerto Yeruá, departamento Concordia, y la apertura de una cuenta bancaria en la República Oriental del Uruguay, constituyeron actos de “enriquecimiento ilícito insuficientemente justificados”.
Yedro opuso otro razonamiento. Cuando el año último pidió la devolución del predio decomisado, sostuvo que la condena judicial recayó sobre el “socio gerente” y no sobre la sociedad propietaria del campo, lo que convierte a sus socios en “terceros no responsables”.
Esa presentación de Yedro abrió un nuevo frente de batalla judicial. El Procurador General Jorge Amílcar García ordenó al fiscal de Rosario del Tala, Samuel Elbio Rojkin, que interpusiera una denuncia por los supuestos delitos de “usurpación”, al ocupar un campo que había dejado de ser de su propiedad, y además por “estafa procesal”, al iniciar una demanda de devolución de un campo que había sido quitado en el marco de una sentencia judicial.
Antes, el ex legislador había llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un recurso de queja, pretendiendo dejar sin efecto la condena que había recaído en su contra en los tribunales provinciales. Ese recurso todavía no se ha resuelto. En medio, la Justicia de Rosario del Tala apuró el cumplimiento de la sentencia judicial de 2005 que ordenó quitarle el campo de Raíces Norte.
La condena por el delito de usurpación se sumó a la prisión condicional por enriquecimiento ilícito, y Yedro fue a parar a la cárcel en marzo de 2016. Pero en diciembre de 2017 salió en libertad condicional.
