“Si tiene cuatro patas, una cola y ladra es un perro, pero los vericuetos de la Justicia establecen que el estado de delincuencia en el que viene viviendo Allende se puede reparar entregando un par de propiedades, unos miles de dólares, corriéndose de la posibilidad de ejercer cargos públicos y con una condena ficticia que le evita la cárcel” lamentaron, a continuación, desde el radicalismo.
Párrafo aparte, dedicaron al rol de la Justicia: “Claramente benefició a este delincuente paladar negro y, con argumentos paupérrimos, lo salvó de la cárcel y le decomisó lo que significa un vuelto en relación a la tremenda fortuna que construyó y de la cual debemos conocer la mitad”. En este marco, coincidieron con lo manifestado por el diputado radical y miembro del comité, Eduardo Solari, quien sostuvo que “durante un lustro se investigó el enriquecimiento ilícito del exdiputado -tiempo en que pudo haber ocultado inmuebles, dinero, cómplices, etcétera-, para que finalmente los fiscales aprueben un arreglo que no refleja, ni por asomo, la larga trayectoria delictiva del personaje que nos ocupa”. En tal sentido, consideraron "necesario reformar el Código Procesal Penal para evitar que la Justicia tenga la posibilidad de mirar para otro lado y hacer como que hace para que todo siga igual”.
“Las causas por corrupción, más allá del volumen de dinero que haya en juego, dañan al erario público y son demasiado graves como para que se resuelvan en un juicio abreviado en el que el precio de la libertad vale dos propiedades”, agregaron.
Por último, las autoridades de la UCR fueron más allá al decir que “los delincuentes como Allende deberían someterse a la decisión de un Juicio por Jurados para que sean los propios ciudadanos los encargados de juzgar este tipo de conductas que se contrapone a la honorabilidad que implica ejercer un cargo público para servir al pueblo”.