El intendente de Colón José Luis Walser se reunió con la secretaria de Ambiente de Entre Ríos Rosa Hojman. El encuentro tuvo como fin consolidar una respuesta estructural y definitiva a la gestión de residuos en la microrregión. Se evaluaron los requerimientos técnicos y ambientales del territorio y se trazó la hoja de ruta para la firma de un acuerdo.
Se espera que el martes 24 de noviembre la funcionaria provincial y los presidentes municipales de la microrregión estén en Colón con el propósito de rubricar el acta constitutiva del Consorcio Interjurisdiccional de Gestión de Residuos, un paso clave para unificar inversiones, optimizar el traslado y tratamiento y planificar un centro regional de disposición final.
La constitución de este consorcio se ampara en el régimen de Mancomunidad de Municipios de Entre Ríos. La legislación provincial consagra a las mancomunidades como la arquitectura jurídica ideal para que localidades contiguas se asocien legalmente en la resolución de problemáticas comunes, superando las limitaciones presupuestarias individuales mediante una economía de escala.
A través de esta figura jurídica, los municipios de “Tierra de Palmares” adquieren un estatus asociativo que les permite optimizar recursos públicos, realizar compras e inversiones conjuntas en equipamiento de alta complejidad.
Asimismo, el consorcio permite calificar con mayor solidez para programas ambientales de escala provincial, nacional o internacional.
Además superaría la lógica de los basurales a cielo abierto, ya que se avanza de manera articulada hacia la remediación ambiental, la separación en origen y proyectos inspirados en la economía circular.
Compra de terreno
En este marco de soluciones estructurales, la Municipalidad de Colón dispuso el llamado a Licitación Pública para la adquisición de un terreno destinado al traslado del actual vertedero municipal y la futura instalación del Complejo Ambiental para residuos sólidos urbanos.
El proceso, que responde a un requerimiento del Juzgado Civil y Comercial local ante la imposibilidad técnica de hallar parcelas aptas dentro del ejido urbano que cumplan con la Ley 11.250 de Impacto Ambiental, cuenta con un presupuesto oficial de $225.000.000.
En caso de no registrarse propuestas que se ajusten a los estrictos criterios de bioseguridad, se evaluará iniciar un proceso de expropiación junto a la provincia. El intendente ya dialogó al respecto con el gobernador Rogelio Frigerio.
