El procedimiento se realizó ante la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, del Poder Judicial y de la Policía de Entre Ríos.
“Esto forma parte de nuestra política, en este caso la carcelaria, de liberar a las prisiones de estos celulares que sabemos están prohibidos: en lo que va de la gestión, hemos requisado prácticamente 100 celulares por mes en promedio”, consignó el mandatario provincial.
De acuerdo a las cifras oficiales, “había, además, un stock de unos 3 mil de muchísimos años, que también se destruyen”, mencionó Frigerio, al referirse a un “hecho inédito” en la provincia.
Además, el gobernador anunció que ya se acordó con autoridades de la Justicia para que “en las próximas requisas, los celulares que funcionen bien y que no estén con clave, sean destinados al Ministerio Público Fiscal para que puedan utilizarlos como botón antipánico las víctimas de violencia de género”.
En tanto, el ministro Néstor Roncaglia subrayó que el motivo del secuestro de estos dispositivos, más allá de la prohibición de la legislación, “es porque son utilizados para cometer delitos”. Y agregó que “desde adentro de las cárceles se producen amenazas, extorsiones y comercio de drogas. No contamos con la tecnología, pero tenemos el personal”, ponderando a los funcionarios del Servicio Penitenciario.
Por otro lado, la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, aclaró que los teléfonos celulares están indicados en la Ley de Ejecución Penal como “elemento prohibido” y que los únicos internos de las unidades penales habilitados a tenerlos son quienes gozan de “salidas socio familiares y socio laborales”. No obstante, “no pueden utilizar cualquier tipo de celular, tienen que registrar el número y el chip, además de tener la habilitación especial”.
