El proyecto fue impulsado durante el segundo mandato de Sergio Urribarri, en las tierras que se decomisaron al ex senador Mario Yedro (PJ-Concordia), luego de una decisión judicial que lo llevó a prisión varios años después de la primera sentencia. La condena consistió en castigar al ex legislador con 3 años de prisión en suspenso, más 90 mil pesos de multa y el decomiso de un campo de más de 2.000 hectáreas. Pero como Yedro desoyó esa primera manda judicial, fue condenado en una segunda instancia que recrudeció el castigo: le impusieron la prisión efectiva, que actualmente cumple en el nuevo penal de Gualeguaychú.
El campo está ubicado en Raíces Norte, en el departamento Tala, y pasó a manos del Estado provincial en 2011. El entonces gobernador Sergio Urribarri ordenó darle un fin social y productivo. El proyecto fue ideado por el veterinario Héctor Schell y desarrollado por el Ministerio de la Producción desde 2012. Se capacitó a los futuros trabajadores del campo; se construyeron 50 viviendas con pozo semisurgente y generadores eléctricos; se instalaron sistemas de riego y se emplazó un tanque australiano. Antes del recambio de gobierno, en diciembre de 2015, la aldea había comenzado a funcionar pero quedó trunca.
En mayo de este año, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, confirmó que el proyecto quedó "desactivado". Y explicó que había sido considerardo inviable por razones económicas. "El gobernador ha instruido para que se llame a concurso de proyectos integrales para la explotación de ese campo; las viviendas quedaron sin adjudicar, y hay actualmente un expediente marchando en el Ministerio de la Producción para llamar a concurso para la explotación de ese inmueble", informó entonces Rodríguez Signes. Pero hasta ahora no pasó nada.
"Se iba a instalar un generador de energía fotovoltaica y cada familia iba a recibir 2 hectáreas de campo con la vivienda. Todo eso nunca se logró. Hemos trabajado en el campo todo este tiempo, en el predio, siempre con la esperanza de que se entreguen las viviendas que ya se están rompiendo por permanecer deshabitadas", contó Juan Pedro Farías en diálogo con el programa La Primera Edición, que se emite por FM Los 40 Principales Paraná .
Farías aseguró que "en la huerta teníamos casi 35 mil plantines entre coliflores, acelgas, cebollas. Todo estaba próximo a cosecharse. Pero vino una orden de Fiscalía de Estado que no podíamos ingresar más al predio porque lo iba a ocupar la Federación Agraria con hacienda, porque se lo habían prestado. No nos dejaron entrar más. Perdimos todo. Teníamos 5.000 peces, teníamos más de 300 colmenas de abejas. No pudimos cosechar, no pudimos curar, con la lluvia no pudimos presentar un proyecto de emergencia para subsidio, nos cortaron las manos", lamentó el presidente de la cooperativa. "Nos mintieron, nos engañaron, se burlaron de la gente y sus expectativas", acotó.
Asimismo, sostuvo que "quieren radicar un grupo de empresas ahí, que alguien presente un proyecto y nos dé trabajo. Pero somos una cooperativa, donde podemos gestionar nuestro propio proyecto", aclaró Farías y señaló que necesitan una inversión del Estado, que como cooperativa podrían tomar un préstamo del Estado. "Hay que invertir en energía de alta tensión, gas y asfalto. Se calculan unos 100 mil dólares para llevar alta tensión hasta el lugar. Más el asfalto y el gas. Si nos hicieran un préstamo de 15 o 20 millones de pesos, en dos meses estamos produciendo", propuso Farías, al tiempo que contó que tienen contactos con empresarios que se han mostrado interesados en realizar las inversiones.
Decisión política y hacienda
Según el presidente de la cooperativa Aldea Esperanza, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes "dice que es decisión política del gobernador (Gustavo Bordet)" apartar al emprendimiento ya constituido. "Metieron 2.600 cabezas de ganado en el campo. Alguien se encarga de cobrar el arrendamiento. Dicen que lo pidió prestado la Federación Agraria. El senador Héctor Blanco (Cambiemos-Tala) estuvo en el lugar pero no pasó nada. Al arrendamiento lo cobran a través de la cooperativa Delta Ltda. de Villa Paranacito", sostuvo Farías.
En referencia al mismo aspecto, Farías apuntó al diputado Ricardo Troncoso (Recuperación Radical-Maciá) por "cobrar una parte del arrendamiento y con eso ayudar a instituciones". "Pero eso no debería ser así, debería gestionar los subsidios y no cobrar con un bien del Estado", denunció el presidente de la cooperativa.
"Según el fiscal de Estado se pagan 90 mil pesos de seguridad y alguien está cobrando 250 mil pesos de arrendamiento. Mientras nosotros esperamos que nos entreguen las viviendas y nos dejen trabajar, no estamos pidiendo subsidio sino que nos dejen trabajar", se quejó Farías.
El encargado de la cooperativa Aldea Esperanza precisó que al proyecto tuvieron que abandonarlo "entre noviembre y diciembre del año pasado".
"En el estatuto figura domicilio casa número 1 y está reconocido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Lo que queremos es la vivienda y trabajar, reflotar proyecto de aldea productiva", recalcó.
"Hay varios interesados dispuestos a apostar, empresas de energía interesadas en radicarse con el emprendimiento de energía fotovoltaica, pero necesitan que el Estado les compre la energía. Sería cuestión que confíen en nosotros, somos 150 familias, queremos tener derecho al trabajo, la educación y la salud", completó Farías.
