Kevin Guardia, quien cuidaba la casa de Camejo, ubicada en Capitán Rojas al 2800, estaba acompañado por un menor de 12 años y manipulaba una pistola 9 milímetros cuando accidentalmente salió un tiro que le impactó en la cabeza.
La detención de Camejo se produjo luego de que Fiscalía aportara elementos probatorios según los cuales habría sido el propio sindicalista quien proporcionó el arma al sereno fallecido. Cuando se llevó a cabo el allanamiento de la residencia del titular del sindicato de la fruta, encontraron varias armas y la acusación se amplió: “suministro ilegal de arma de fuego” más “tenencia ilegal de arma de fuego”. Este miércoles, en los tribunales de Concordia, tuvo lugar la audiencia de elevación a juicio, presidida por el Juez de Garantías, Mauricio Guerrero, y de la que participaron el abogado defensor de Camejo, Carlos Conti, y el fiscal de la causa, José Emiliano Arias.
Según trascendió, la defensa se opuso a la elevación a juicio bajo la premisa de que no estaría acreditado que el acusado fuera el titular del arma. Desde el Ministerio Público Fiscal otra fue la mirada. Arias argumentó que el delito de tenencia ilegal de armas no sólo recae en el dueño sino también sobre quien la tiene, por cualquier título. La tenencia como tal está penada, sostuvo el fiscal.
Conti efectuó un planteo formal atacando la constitucionalidad del artículo que configura el delito de tenencia ilegal de armas, por entender que dicha tenencia no conlleva per se un peligro para terceros.
Desde la fiscalía respondiendo que el solo hecho de que Camejo suministrara un arma de fuego ya supondría un peligro objetivo. Arias trajo a colación un antecedente penal del gremialista por disparar contra una persona, para abonar la tesitura de que la conducta previa del imputado refuerza la existencia de un peligro real.
En un tramo de la audiencia, la defensa de Alcides Camejo acompañó a la documental de la causa un recibo de pago del sepelio de Kevin Guardia, donde consta que se hizo cargo del costo el Sindicato de la Fruta.
José Arias no la dejó pasar y reprochó que haya sido la entidad gremial y no Camejo de su bolsillo quien cubriera ese gasto en solidaridad con la familia del fallecido.
La defensa refutó el planteo del fiscal asegurando que el joven sereno habría estado afiliado al Sindicato de la Fruta. Y Arias contragolpeó, sosteniendo que, en tal caso, costear el sepelio era una obligación del gremio y por ende no podía ser presentado como un gesto solidario.
En tal contexto, el abogado Carlos Conti atribuyó a un supuesto “antiperonismo” del fiscal los cuestionamientos planteados en la audiencia.
