En esa instancia, el juez de Garantías Eduardo Ruhl escuchará la acusación del fiscal Ignacio Aramberry y a la defensa de Vitali, a cargo de los abogados Damián Petenatti e Iván Vernengo, y deberá resolver si eleva el expediente al juicio oral y público, es decir, si el perito debe sentarse en el banquillo de acusados.
A su vez, se supo que la defensa del profesional apeló el procesamiento que dictó el juez Transición Nº2 Pablo Nicolás Zoff, por otra causa de robo de armas ocurrida entre 2008 y 2011.
En la causa más reciente, Vitali está imputado por el robo de armas, para su posterior venta ilegal, de la sección Depósito de Efectos Secuestrados del edificio de Tribunales de Paraná. El fiscal ya adelantó que solicitará una pena de 11 años de prisión, y que está en análisis solicitar unificar esta causa con otra que se tramita con el anterior sistema del Código Procesal Penal de la provincia, y en la que fue procesado por el juez Zoff.
"La idea es unificar las causas. En todo caso que lleguen por carriles distintos, pero que en el mismo momentos sea juzgado por las dos. Creo que no habría inconveniente, porque ambos sistemas no difieren las tramitaciones en la etapa de juicio", señaló Aramberry.
La causa en la que Vitali está a un paso del juicio se inició a principios de 2016, cuando personal de la Comisaría Cuarta secuestró durante un operativo un arma que debía estar en un depósito judicial. Sin embargo, la sorpresa para los investigadores llegó cuando se le practicó el peritaje de rigor y se concluyó que el arma debía estar alojada en el Depósito de Tribunales, porque había sido incautada en otro procedimiento.
El fiscal a cargo de la pesquisa se preguntó cómo era posible que un arma secuestrada apareciera nuevamente en las calles, nuevamente en el circuito del hampa. Tras una serie de allanamientos y escuchas, se llegó hasta el perito oficial del STJ y a sus cómplices: Mauro Maximiliano Bertoni, empleado judicial del Departamento Médico Forense; Mario Alberto López Alonso, y Eduardo Ramón Borgogno.
Con la información de inteligencia reunida, el fiscal logró identificar los roles que cumplían cada uno en la asociación que se encargaba de vender las armas judicializadas.
Aramberry concluyó que Vitali sustraía las armas junto a Bertoni, y que este, a su vez, se encargaba de distribuirlas a terceros para venderlas. En diciembre de 2016, el empleado judicial, Alonso y Borgogno aceptaron un juicio abreviado con la fiscalía, en donde admitieron los hechos. El juez de Garantías Nº 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl, los condenó a 3 años de prisión de cumplimiento condicional, e inhabilitación absoluta.
Jubilación en puerta
El sitio de noticias Entre Ríos Ahora reveló el pasado 17 de septiembre que el perito inició el trámite jubilatorio en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, para obtener el beneficio antes de que una condena le suspenda el beneficio.
El primer trámite ingresó el 5 de octubre de 2016, cuando solicitó que se le reconozcan años de cadete becado; en tanto, que el 30 de mayo de este año pidió un reconocimiento extraprovincial y le jubilación ordinaria común.
El apuro de Vitali por jubilarse tiene como fin evitar que se le quite el beneficio antes de que recaiga una condena judicial o sea exonerado como empleado del Poder Judicial. Lo que llamó la atención es que aún no llegó a los 62 años que exige la Ley 8.732 (Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el personal provincial) para que un hombre pueda jubilarse. El perito balístico nació el 3 de abril de 1961, y aunque peine canas, su edad es de 55 años.
Si bien el profesional puede justiciar su trámite en el hecho de que alcanza los 30 años de aporte a la Caja, lo cierto es que de recibir una condena en el juicio que se le avecina, además de la pena de prisión, podría ser inhabilitado de por vida para ejercer un cargo en el Estado. Y ello impactaría en su acceso al beneficio previsional.
Según el inciso N° 4 del artículo 19 del Código Penal, la inhabilitación absoluta implica "la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión".
En paralelo, el perito tiene abierto un sumario administrativo que busca determinar si violó el Régimen del Empleado Judicial de Entre Ríos – Ley Nº 5143- que prevé las causales de cesantía y/o exoneración, por negligencia o falta grave en el desempeño de sus funciones.
Procesamiento apelado
El 23 de agosto el juez de Transición Nº2, Pablo Zoff, procesó a Vitali por otra causa en la que desaparecieron armas alojadas en Tribunales. Es por hechos ocurridos entre los años 2008 y 2011. La fiscal a cargo de este expediente es Laura Cattáneo.
En esta causa la defensa del perito Vitali apeló el procesamiento en los primeros días de septiembre.
En concreto, el magistrado lo procesó por el supuesto delito de peculado y falsificación de documento privado en concurso real. La causa que surgió tras una denuncia que formuló en abril 2012 el juez Mariano Martínez, en ese entonces en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Concepción del Uruguay, hoy integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa ciudad.
En ese mismo legajo el magistrado dictó la falta de mérito por una segunda faltante de armas y elementos secuestrados, que habría ocurrido entre 2008 y 2013.
