Vitale fue condenado el 13 de abril de 2018 a la pena de 12 años de cárcel por el delito de robo de las armas judicializadas y amenazas simples. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná que lo condenó estuvo presidido por María Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Lía Van Dembroucke. A fuerza de recursos interpuestos por sus abogados, su casó llegó hasta la Sala Nº1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia con un pedido: que se anule la condena.
En principio el planteo lo iban a tratar los tres vocales originales de esa Sala, a saber: Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Omar Carubia.
Sin embargo, el 3 de octubre, el primero de ellos se apartó de tratar el asunto, puesto que intervino y emitió opinión en el trámite administrativo por el cual se dispuso la cesantía de Vitale en el Poder Judicial. La medida se adoptó mediante Acuerdo General N° 10 de fecha 17 de abril de 2018.
Así las cosas, en una resolución fechada el 3 de octubre, se aceptó el apartamiento del magistrado “con el objeto de preservar la mejor administración de justicia, el ejercicio imparcial e independiente, el derecho de defensa y el debido proceso”.
En consecuencia, se conformó un nuevo tribunal, que escuchará a las partes y decidirá si confirma o revoca la condena a Vitale. Estará integrado por Carubia, Mizawak y, en reemplazo a Giorgio, Juan Ramón Smaldone, vocal en la Sala N° 2 en los Civil y Comercial del STJ.
Ahora resta que la propia Sala Penal fije la fecha de audiencia para escuchar las posturas de la defensa y el Ministerio Público Fiscal.
