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El Ministerio Público Fiscal abrió formalmente una investigación sobre la información que remitió la Justicia Federal sobre la Municipalidad de Paraná, indicaron fuentes de Tribunales. Se trata del informe realizado sobre el material incautado en los allanamientos realizados en la causa “Narcomunicipio” por la Policía Federal, que fueron analizados por la División Lavado de Activos de la fuerza.
En etapa preparatoria
La causa, abierta formalmente el pasado 10 de abril, está a cargo de la Fiscal Patricia Yedro, quien ya dispuso una serie de medidas probatorias a fin de sumar información a la investigación penal preparatoria.

Una de ellas fue solicitar precisiones a la Municipalidad de Paraná más información sobre los contratos observados por la Policía Federal. También se requirió información al Tribunal de Cuentas y a la AFIP. Ambos organismos ya remitieron un primer informe, pero se está a la espera de más datos, informaron en Tribunales a esta Agencia.

En el legajo abierto por Yedro, aún no hay imputados ni se ha citado todavía a nadie para que designe abogado defensor.
Antecedentes
La documentación preparada por la División Lavado de Activos fue enviada por el Juez Federal Leandro Ríos a tres organismos: Fiscalía, AFIP y Tribunal de Cuentas, a fin de que se investigue “la posible comisión de delitos de acción pública, encuadrables -prima facie- en los artículos 260 (malversación de fondos), 261 (peculado) o 174, inciso 5 (fraude al Estado municipal) del Código Penal por parte de personas que no tienen vinculación alguna con el financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes y por lo tanto concurren en forma real con el hecho aquí investigado”, explicó el magistrado en su escrito de remisión.

El cuerpo de la PFA llegó a esa documentación durante los diversos allanamientos realizados durante el año pasado en la Municipalidad de Paraná, donde secuestró expedientes, órdenes de pago y recibos. Estas intervenciones se hicieron por orden de Ríos, en el marco de la causa por narcotráfico que involucra al Intendente Varisco; al concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y a la funcionaria Griselda Bordeira y otros por sus vínculos con la banda narco que dirigiría Daniel “Tavi” Celis, cuyas audiencias comenzarán en septiembre.
Fuente: APF Digital

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