Ante la atenta mirada de los comisionados, Marcelo Varona Quintián, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, resumió dos situaciones que tuvieron por escenario a la provincia de Entre Ríos: “El Fiscal José Arias procesó a un intendente y luego a otro, y terminó siendo denunciado cuatro veces por los mismos. En el caso de Cecilia Goyeneche, la persecución pasó incluso por violencia de género con utilización de los medios. No es que no pasa nada, como responden desde el Estado. Goyeneche está en su casa, suspendida, y con el 30% del sueldo. ¿Cómo pueden seguir trabajando los fiscales de la provincia, viendo lo que vive la fiscal Goyeneche, producto de un procedimiento ilegal?”.
Durante la audiencia, los comisionados de la CIDH, Esmeralda Arosemena Troitiño, Joel Hernández, Roberta Clarke y Julissa Mantilla, siguieron con atención la exposición de Varona, tras lo cual intervino, en nombre del Estado Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos. Obviamente, los enfoques fueron contrapuestos. Para el titular de la Asociación de Fiscales, hay un “patrón” común en los casos descriptos, que se resume en esto: “Cada fiscal que investiga corrupción, termina siendo perseguido o denunciado de todos los modos posibles”. En cambio, desde el gobierno calificaron a las situaciones en diferentes provincias como “casos aislados”, que no serían representativos de lo acontece en el país.
Aunque los tiempos para exponer en la audiencia eran muy acotados, la fiscal Cecilia Goyeneche, quien junto a José Arias y Marcelo Varona participaban de la teleconferencia desde un salón de la Facultad de Derecho de la UBA, pudo resumir la situación que atraviesa.
“Hay un patrón común en la forma en que se reacciona ante las investigaciones de corrupción: campañas de desprestigio infundadas y reiterativas, y, además, la puesta en crisis de los derechos económicos y sociales, los derechos laborales de los fiscales. Se ha buscado generar una sensación de inseguridad en los fiscales, para que perciban que, si investigan la corrupción, después estará en crisis su estabilidad y continuidad en el trabajo”, se la escuchó decir. “Ningún fiscal tiene problemas en rendir cuentas, pero a través de los cánones legales”, agregó.
De inmediato, en apretada síntesis, describió lo que hoy le toca vivir: “En mi caso, no sólo hubo campaña de desprestigio, incluso cuestiones género. Se me sometió a un proceso de juzgamiento plagado de irregularidades, con jueces parciales que eligieron a un fiscal ad-hoc, en contra de las leyes que disponen que la acusación la lleve adelante el Ministerio Público Fiscal. 15 abogados de la lista de conjueces se negaron a hacer de fiscal ad-hoc para no prestarse a esta maniobra. Además, me suspendieron en el cargo, en medio de un juicio oral y público donde uno de los imputados es el exgobernador y actual embajador en Israel, diciendo que no podía garantizar la mesura y el equilibrio necesario para desempeñar un cargo de esta jerarquía, planteo que esconde un sesgo sexista según el cual las mujeres tendríamos una tendencia al desequilibrio”, explicó.
“Nos vamos muy contentos con la audiencia”
En diálogo con El Entre Ríos, minutos después de concluida la audiencia, Cecilia Goyeneche no disimuló su satisfacción con lo ocurrido.“Estamos muy contentos con la audiencia. Creo que lo que queríamos es que la Comisión tome nota de lo que está pasando en algunas provincias y que tome nota de que no son casos aislados, al contrario de lo que dijeron desde el Estado nacional. Obviamente, no hay cientos de fiscales en esa situación, pero porque no en todos lados han surgido casos tan graves de corrupción, pero cuando los hay, se padecen estas situaciones. Con la respuesta que nos dio la Comisión y las intervenciones que tuvieron los comisionados, quedamos muy conformes, porque vemos que ellos tienen en claro esto, tienen en claro que las personas que investigan corrupción son perseguidas y están en una situación de vulnerabilidad en ese plano. Los vimos interesados, esencialmente”, dijo Goyeneche.
También Marcelo Varona Quintián expresó su satisfacción por lo vivido en la audiencia. "Desde una argumentación lógico-jurídica, presentamos algunos casos que fundamentan la percepción de que no se está cumpliendo con la garantía de la independencia judicial”, le dijo a El Entre Ríos.
“Viendo los casos, nos dimos cuenta que cada fiscal que investiga corrupción, termina siendo perseguido o denunciado de todos los modos posibles. No sólo mediante procesos de destitución, o a través de los medios de comunicación. Cuando no puede el Estado salir a decir algo, se vale de alguna ONG amiga o alguna organización social, pero siempre con mecanismos espurios”, describió.
Varona consideró que “el Estado se maneja con la lógica del poder, lo que llamamos 'la magia'. Ellos creen que por haber llegado al poder Ejecutivo y Legislativo, a representar la voluntad popular, pueden hacer lo que quieren, y que los fiscales no tienen por qué tener la facultad de anular una resolución o de poner en crisis la actuación de ellos”.
“En cambio -agregó- los abogados, los jueces y los fiscales nos manejamos, no con la magia o con la lógica del poder, sino con la lógica jurídica. Son dos discursos completamente diferentes. Para ellos es posible que un conejo salga de una galera. Para nosotros es imposible”, ejemplificó.
Según Varona, “la mayoría de las leyes de Argentina en relación a los consejos de la Magistratura, las composiciones, son inconstitucionales”.
En obvia referencia a lo sucedido en la audiencia, el titular de la Asociación Argentina de Fiscales consideró que “la representación del Estado que participó negó esta situación, no la quiso ver, y me parece que la Comisión se lo destacó, como diciendo 'estamos viendo otra cosa'. Todos los casos que mostramos hoy, incluido el de la Fiscal Cecilia Goyeneche de Entre Ríos, tienen el mismo patrón. Fiscal que investiga la corrupción, fiscal que es atacado”.
