En 2019 el médico fue condenado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, recibiendo la pena de un año y dos meses de prisión en suspenso y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En los últimos meses, la novedad es que una oportunidad laboral llevó a Rodríguez Lastra a intentar radicarse en la ciudad de Gualeguaychú, pero el Ministerio de Salud entrerriano le cerró las puertas.
Entrevistado por El Entre Ríos, el ginecólogo hizo un relato de aquel episodio que le cambió la vida y calificó como una “conducta autoritaria” la decisión de impedirle ejercer su profesión en Entre Ríos. A la vez, opinó del proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
-¿Cómo fue el episodio que derivó en una condena en su contra en la provincia de Río Negro?
-Aquel 2 de abril de 2017 yo estaba de guardia en el Hospital Pedro Moguillansky, de Cipolletti. Recibo a una paciente en ambulancia, con suero y signos clínicos bastante preocupantes, potenciados por su manifestación de que había realizado maniobras abortivas. Esto me puso en alerta porque muchas veces no dicen al médico todo lo que hicieron para abortar.
En ese contexto, manifestó que era un embarazo no deseado y empezó el gran dilema; en primer lugar por su estado de salud y en segundo lugar porque era un embarazo avanzado, ya de 5 meses.
Cuando diagnosticamos lo hacemos de acuerdo a definiciones médicas, un aborto es la muerte fetal antes de las 20 semanas y este era de más de 22. Implicaba que existía una cierta viabilidad fetal, lo que significa que si nacía con vida debía ser asistido por los neonatólogos y si sobrevivía, implicaba un riesgo de vida también para el niño.
-¿En ese momento la paciente manifestó que ese embarazo era producto de una violación?
-No lo recuerdo con precisión, creo que no. Era una paciente con muchas dificultades de comunicación. No se podía establecer una charla, respondía con monosílabos.
Sinceramente no recuerdo si dijo que era producto de una violación, pero sí manifestó que no lo quería.
-Estaba decidida a realizar un aborto.
-Totalmente. Le digo que estábamos en una situación donde no se podía hacer nada de eso. En primer lugar, la preocupación era porque su cuadro podía derivar en complicaciones muy importantes; además, uno sabe que una paciente que solicita una interrupción del embarazo debe tener un consentimiento informado y una declaración jurada. Pero en su contexto clínico esto resultaba secundario, porque lo principal era la salud de la paciente.
-¿Se había iniciado un proceso de pérdida del embarazo o el bebé en el útero estaba intacto?
-Una de las grandes aberraciones de la Fiscalía fue decir que mi intervención interrumpió un aborto en curso. Es una falacia enorme. Una de las guías del Ministerio de Salud para la atención a mujeres que están cursando un aborto, creo que del año 2015, define claramente cada uno de los cuadros: aborto en curso, inminente, incompleto, etc. Si uno lee la definición clínica de cada uno, en todos ellos está la permeabilidad del cuello uterino, lo que significa que el cuello se abre para que el organismo expulse lo que hay adentro del útero.
Al estar el cuello cerrado, mal podría haber interrumpido yo un proceso de aborto porque no había ningún proceso.
Intento sacar a la paciente de este cuadro, que si hubiese continuado tendría que haber tomado otras decisiones; la más grave hubiese sido la quirúrgica y, de haber existido una infección, practicar una histerectomía. Afortunadamente no pasó nada de eso, la paciente fue mejorando y quedó internada.
Los integrantes del servicio vimos cómo resolver la situación, se dio parte al Servicio de Neonatología y se determinó que no se podía interrumpir el embarazo por la viabilidad del feto; insisto en que no era un aborto desde el punto de vista médico. Debía continuar y luego realizarse la interrupción del embarazo con una edad gestacional más avanzada; esto quiere decir, sacar un bebé con posibilidades de vida fuera del útero.
La dirección del hospital lo elevó al Ministerio de Salud y a la Justicia de Menores. La resolución judicial fue que no se podía realizar esa interrupción. La paciente quedó internada para resguardarla por su gran vulnerabilidad psicológica y de su entorno social. Mantenía su solicitud de interrumpir el embarazo y junto a un equipo que la contenía, se le explicaba que no se podía llevar a cabo lo que pedía.
Se continuó con el embarazo hasta la semana 35, unos seis meses y medio. Se le preguntó qué tipo de nacimiento quería, con los pro y contras de cada uno, y se decidió por una cesárea; incluso dijo qué médicos quería que estén presentes.
-¿En todo este proceso ella estuvo acompañada por algún familiar?
-Sí, permanentemente. Fue una situación complicada desde todo punto de vista. Nos manejamos con la tranquilidad de haber dado parte a todo el equipo de salud, no solo médicos sino psicólogos y asistentes sociales, para el mejor abordaje posible.
-La decisión final de que ese embarazo continúe su curso, ¿de quién fue?
-Del equipo profesional, porque esto no constituía un aborto sino un parto pretérmino, o sea inmaduro.
Acompañó la decisión todo el equipo médico. Incluso tres semanas posteriores a su ingreso tuvo otra complicación, una amenaza de parto, y tuvo que ser derivada a un hospital con neonatología de mayor complejidad, para recibir niños de 25 semanas.
En el Hospital de Gral. Roca, el procedimiento que hacen es el mismo que yo hice. El jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia manifestó en el juicio que no correspondía hacer una interrupción del embarazo. Después todo apuntó hacia mi persona, así que es llamativo.
-En casos de abortos no punibles, ¿qué dicen los protocolos sobre las semanas de gestación?
-No se especifican las semanas, pero todas las guías de Nación dan sus recomendaciones con embarazos menores de 20 semanas, y este era de 22 semanas y 3 días.
-¿Quién inició las acciones judiciales?
-Una diputada provincial, Milesi (Marta), una de las grandes precursoras en Río Negro de la ley que regula la puesta en práctica del protocolo para interrupción del embarazo. En principio cargó contra mi compañera de trabajo y yo; luego ella fue sobreseída y quedé como único imputado en la causa.
-¿Cómo surge esta posibilidad de trabajo en Entre Ríos?
-Me establecí en Buenos Aires y empecé a estudiar alternativas de trabajo, sabiendo que era difícil la vuelta a Río Negro, sobre todo al ámbito público, y económicamente me vi muy afectado. Entonces surgió una propuesta en Gualeguaychú, Entre Ríos.
Llevé la documentación que me solicitaron y en septiembre me dieron la matrícula. Estuve algunas semanas esperando que me reconocieran la especialidad de Tocoginecólogo, lo que sucedió sin inconvenientes. A partir de ahí, bastaba con anotarme en el Colegio Médico.
Cuando estaba en tratativas con el sanatorio donde iba a trabajar empiezo a enterarme de trascendidos periodísticos de que había ciertas presiones, cosa que no me generó preocupación ya que estaba seguro de haber hecho todo ceñido a la ley. Hasta que a través de los medios me entero que, por una decisión de la Ministra de Salud, se me suspende la matrícula.
La sentencia dice que no puedo ocupar cargos públicos, en ningún momento mi matrícula se vio afectada. De hecho el juez estableció en los fundamentos de su sentencia que no se trató de un mal acto médico, por lo que no correspondía inhabilitarme.
En Entre Ríos se me impide la posibilidad de trabajar Es una situación preocupante, que marca –a mi entender- una conducta autoritaria.
-¿Lograron comunicarse directamente con alguna autoridad del ministerio para recibir alguna explicación?
-Con el Dr. Coronel (Germán), abogado del Ministerio de Salud. Se le planteó cuál era la situación y más allá de sus justificativos, ninguno dio una explicación racional de la decisión.
-¿Cómo se encuentra actualmente su situación judicial?
-En Río Negro, está hecha la presentación en el Superior Tribunal de Justicia. Pasó por la primera instancia y hubo una apelación en el Tribunal de Apelación, donde votaron por mayoría, uno por el sobreseimiento y los otros dos en contra.
En Entre Ríos hicimos la presentación en el Ministerio de Salud. La idea es no solamente recuperar la matrícula, sino una vez que la tenga poder ejercer con tranquilidad, sin ningún tipo de presión.
-¿Qué conclusión saca de toda esta situación?
-Me tocó a mí para intentar aleccionar a todo el grupo médico. Yo no tengo ningún tipo de trascendencia más que ser el modelo que han tomado determinados grupos para bajar línea al resto de los trabajadores de la salud, en un contexto donde parece que solo una voz debe ser la imperante, no se tolera una opinión contraria y se llega al extremo de una persecución, esto no solo por lo que me ha ocurrido a mí; pasó en San Juan con el Dr. Federico Antequeda.
-¿En algún momento usted había manifestado públicamente su postura sobre el aborto?
-Antes yo no era objetor de conciencia, realizaba abortos si correspondía hacerlos. Mi interpretación es que acá hay una intención de poner una voluntad que está por encima de lo que quiere la gente en general y por encima de los derechos.
A partir de ahí, no solo decidí hacerme objetor de conciencia, sino manifestar en todo lo posible una realidad que se oculta, porque la dirección del discurso debe ser una y nadie debe transgredirla.
Me tocó estar en esta situación y asumo que si callo estaría siendo consecuente con estas determinaciones que no son únicamente contrarias al derecho a vivir, sino a expresarse, a trabajar, a manifestar la objeción de conciencia.
Desde el Ministerio Público Fiscal una de las estrategias fue hacer ver que esto era por mi religión, y yo soy ateo, agnóstico. No profeso ninguna religión, nunca lo hice, ni estoy bautizado.
-Si hoy, en el ejercicio de la ginecología, se presentara alguna situación similar a la del 2 de abril de 2017, ¿tomaría la misma decisión?
-En mi estado actual, como objetor de conciencia, no haría un aborto de ninguna manera, sobre todo por cómo me ha atravesado esta realidad que se intenta imponer.
Si no hubiera pasado por todo esto y estuviese en la misma situación, haría exactamente lo mismo, porque insisto: no se trató de una convicción personal ni ideológica. Fue un acto médico, y lo científico tiene una sola dirección: dos más dos, es cuatro.
Si comenzamos a teñir las indicaciones médicas de ideologías, vamos a estar en problemas. Hay un cuadro clínico, hay un tratamiento indicado para ese cuadro y se establece el tratamiento.
-¿Cuál es su opinión del proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que estos días se debate en el Congreso?
-Opino que es una aberración plantear un debate en las circunstancias sociales, sanitarias y económicas que estamos viviendo en este país. Es un desacierto absoluto.
En cuanto a la ley, es paupérrima, desechable por donde se la mire. Se intentó hacer una ensalada con los proyectos presentados anteriormente y es peor que cualquier otro.
Plantea que la única solución ante un embarazo inesperado es la muerte. El proyecto es en esta dirección: muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, no nos vamos a ocupar de la salud ni la educación de las mujeres; tampoco de los problemas sociales o económicos que son los que derivan en gran parte en embarazos no deseados, sino que lo resolvemos matando. Este mensaje a la sociedad es horrible. No resiste ningún tipo de análisis. Si votan a favor de esta ley son unos miserables.
