La entidad había solicitado la «apertura de una instancia disciplinaria» al vocal a raíz de los incidentes policiales que protagonizó el domingo 28 de marzo último en su ciudad, La Paz, y la reacción que tuvo cuando conoció la posición de la entidad sobre esos hechos. Enterado del primer posicionamiento público de la Asociación de la Magistratura sobre la batahola en la que se vio involucrado el magistrado, Castrillón habría dirigido sus dardos sobre dos integrantes de la entidad: las juezas López Arango y María Andrea Morales. Según la entidad que reúne a los magistrados de Entre Ríos, el vocal le envió un mensaje donde «le agradeció en tono irónico ‘el odio de la comisión que presido’» y en el caso de Morales «le endilgó ‘ser la autora de su difamación’».
Este lunes, el titular del STJ, Martín Carbonell, le respondió a la entidad que no tienen la facultad para evaluar la conducta de uno de los suyos. “De las atribuciones generales de Superintendencia previstas en el artículo 204 de la Constitución Provincial, no emerge potestad disciplinaria que pueda ejercer el Alto Cuerpo respecto de sus integrantes, estando solo prevista la misma respecto de empleados inferiores del Poder Judicial, conforme el propio texto constitucional”, indicó el magistrado.
La respuesta no conformó a Gabriela López Arango, quien en una entrevista en el programa Aire de Todos, que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, sostuvo: “Me llama mucho la atención la respuesta del Superior. Esto parece lo de Poncio Pilato: se lavaron las manos. Todos integramos el Poder Judicial y nos debemos normas de conductas social e institucional. Pareciera que estamos en un reinado donde los reyes son intocables. Ahora se está elaborando un protocolo de violencia laboral, y con esta respuesta parece que no es para los vocales del Superior, es para quienes estamos abajo”.
En esa línea, la magistrada entendió que la conducta de Castrillón no amerita un jury, sino una sanción por parte de sus colegas en el STJ. “Esto no es para un jury. Es para analizar una conducta inapropiada. Ellos integran el Poder Judicial pero no analizan su conducta. Lo que están diciendo es que ellos pueden tener conductas censurables o reprochables y no pueden tener ninguna actuación ni siquiera administrativa. La verdad que nos sorprendió la respuesta”, lamentó.
