El informe periodístico describe “un patrón que se repite, como ya se vio con la iniciativa de puerto en la zona de Corralito, que en su momento fue impulsada con similar entusiasmo por la primera administración de Andrés Lima. Ambos proyectos, aunque separados por años y ubicaciones, comparten el mismo destino: el olvido”.
El puerto del norte: una lápida oficial
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) le dio el golpe de gracia al proyecto que desde febrero de 2022 había concesionado a Hidroagro SA para la construcción de una terminal portuaria en el arroyo Itapebí. La resolución, firmada el pasado 12 de agosto, extinguió la concesión. La empresa, una sociedad entre la constructora Cujó y DyN Investment Group, había solicitado dos prórrogas de nueve meses para presentar un proyecto ejecutivo y comenzar las obras, pero tampoco cumplió con esos plazos. La falta de avances llevó a la empresa a desistir del proyecto, devolviendo la documentación y la póliza de garantía de desarrollo. Se argumentó razones «nacionales y extranacionales, jurídicas y comerciales, ajenas a su voluntad».Disputa por responsabilidades y US$ 100.000
El fracaso del proyecto desató un cruce de acusaciones entre las autoridades actuales y las anteriores. Según declaró a El Observador el nuevo titular de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Gonzalo Casaravilla, el contrato con Hidroagro SA se rescindió por incumplimiento del contratista. Denunció que no se cobró ni se ejecutó la garantía de US$ 100 mil, ni se recuperaron los costos de US$ 12 mil que Salto Grande tuvo que afrontar por mover materiales y equipos del predio cedido. Esta versión contrasta con la del expresidente de la delegación, Martín Burutarán, quien aseguró que el freno ocurrió por falta de permisos y autorizaciones por parte del Estado. En su visión, el fracaso no fue por incumplimiento de la empresa y por eso se le eximió de responsabilidades, no reteniendo la garantía.Un pasado que regresa: el puerto de Corralitos
La historia de proyectos portuarios en Salto es recurrente, y el del norte de la represa no es el único que generó expectativas. Mucho antes, durante la primera gestión de Andrés Lima (2015-2020), se promovió con gran entusiasmo el proyecto de un puerto de barcazas en la zona de Corralitos, al sur de la ciudad. Una iniciativa que se publicitó como un motor para el desarrollo productivo de la región, con el objetivo de convertir a Salto en un centro de logística para la salida de la producción. Este proyecto, a diferencia del que se anunció en la zona de la represa, siempre tuvo una viabilidad técnica mayor, ya que el dragado necesario para su funcionamiento era menos complejo y más económico. A pesar del respaldo de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el apoyo de los productores locales, el proyecto no avanzó más allá de la etapa de estudio de factibilidad económica. Este paso previo era de suma importancia para poder convocar a los inversores. Por eso, al no completarse, el proyecto quedó estancado y sin un futuro claro. Aunque no se canceló oficialmente, su desarrollo quedó en un punto muerto, sin avances significativos que lo hicieran una realidad.La cuenta pendiente: el dragado binacional
La viabilidad de los proyectos portuarios en Salto siempre estuvo ligada a la navegabilidad del río Uruguay. En este sentido, un punto crítico es el Paso San Francisco, ubicado frente a la ciudad argentina de Colón. Según una exautoridad de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el dragado de este canal es la llave para la navegación de embarcaciones de mayor calado. Se supo que Uruguay ya había dado su aprobación para las obras y que la CARU incluso ya había adquirido las boyas necesarias para la señalización. Solo restaba la licitación para los trabajos de dragado. No obstante, el gobierno argentino de aquel momento no dio continuidad al proyecto, dejándolo en suspenso. Esta falta de acuerdo bilateral, vital para cualquier iniciativa en un río compartido, dejó en evidencia que las soluciones no solo dependen de la voluntad local o de inversores, sino también de un necesario entendimiento con el país vecino. Sin ese paso, cualquier proyecto que requiera navegación en profundidad, por más viable que sea, seguirá en el terreno de las promesas.Consultada por el diario El Pueblo, la actual presidenta de CARU, doctora Cecilia Bottino, dijo que por el momento no realizará declaraciones sobre el particular porque, si bien se está avanzando en el pliego, las oficinas técnicas de la Comisión Administradora del Río Uruguay no lo tienen terminado. Hasta tanto, no puede expresarse sobre el dragado ni el puerto de barcazas, aunque se comprometió a abordar el asunto una vez el pliego esté pronto y sea publicado.
