A través de la resolución Nº 280/2025 del Consejo Superior, la institución ratificó el “estado de asamblea permanente del cuerpo ante la situación de crisis presupuestaria y salarial provocada por las políticas sostenidas desde el gobierno nacional”. Tanto los docentes universitarios de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) como los nodocentes de la Asociación del Personal de la UNER (Apuner) informaron que adhieren a esta medida.
La ley fue sancionada por amplia mayoría en el Congreso, luego vetada el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por el Poder Legislativo, de nuevo por amplia mayoría. Sin embargo, el gobierno nacional ha manifestado en diversas oportunidades su intención de “no respetar la decisión soberana del Poder Legislativo, evitando promulgar y ejecutar la ley sancionada, incumpliendo de esta forma lo dispuesto en el marco del normal funcionamiento de las instituciones de la República”, advierte el Consejo Superior de la UNER.
“La acuciante situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades nacionales pone en crisis incluso sus funciones más básicas de docencia, investigación y extensión, así como el sostenimiento de las políticas de bienestar estudiantil y desarrollo territorial”, señalaron como fundamento.
Ante el contexto descripto, aseguran que la Ley de Financiamiento Universitario “ofrece una respuesta responsable que garantiza la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes”, garantizando “la previsibilidad, sustentabilidad y equidad en el sostenimiento del sistema público de educación superior”.
“Agotadas todas las instancias de diálogo y de llamado a la reflexión, es necesario avanzar en la presentación de una acción judicial colectiva impulsada por las universidades nacionales en conjunto con las asociaciones gremiales y estudiantiles, coordinada por el CIN”, anunció la UNER.
