La diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria) envió una carta a El Entre Ríos para pronunciarse sobre el diferendo que se ha establecido entre uruguayos y argentinos respecto al emplazamiento en Paysandú que la firma HIF Global eligió para su planta de combustibles sintéticos.
“No a la instalación de la planta en el río Uruguay”, dice a modo de definición tajante la legisladora nacional oriunda de Paraná, donde fue intendente entre 2011 y 2015. Su declaración se realizó en relación a la reunión bilateral entre la Cancillería argentina y de Uruguay, “ante el público reclamo por la instalación de la planta de combustible sintético en Paysandú es que es necesario dar a conocer nuestra firme postura”.
“La posible localización no debe ser sobre las riberas del río Uruguay, ni por supuesto frente a la ciudad de Colón”, advirtió la integrante de la Cámara Baja nacional. “Queremos dejar en claro que nuestra postura es firme: esta planta no debe instalarse en el río Uruguay”, reiteró.
A continuación, lo que explicó a modo de argumentación la diputada entrerriana:
2Según el comunicado conjunto, las autoridades uruguayas informaron que “se encuentran analizando otras eventuales alternativas que permitan un mejor aprovechamiento de ventajas logísticas y técnicas”. En la oportunidad el canciller Lubetkin consideró la intervención a la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU.
La falta de precisión sobre esas “alternativas” refuerza nuestra preocupación y la necesidad de sostener una posición clara en defensa del río.
Hemos denunciado oportunamente que la instalación de esta planta implica la contaminación del agua, el aire y del suelo.
El río Uruguay es un recurso natural estratégico para la República Argentina y fundamental para el abastecimiento de agua, el transporte, el desarrollo económico y la vida social y cultural de la región. Su preservación es una responsabilidad presente y futura.
Por todo ello, rechazamos cualquier proyecto de instalación de la planta de e-combustible sintético de HIF Global en el río Uruguay y requerimos que el gobernador Frigerio y autoridades nacionales garanticen que se respeten los derechos ambientales para nuestras comunidades, el Estatuto del Río Uruguay, los mecanismos de información y participación ciudadana establecidos en el Acuerdo de Escazú. Asimismo, exigimos que se contemple de manera efectiva la voz de las organizaciones que reclaman el resguardo de un ambiente sano".
