En virtud de ello, el legislador radical solicita información sobre “el estado administrativo y/o judicial de las medidas propiciadas por el gobierno provincial en relación a este tema, sobre todo tomando como referencia las declaraciones del gobernador Bordet del 6 de agosto pasado a medios locales, donde reconoció el grave deterioro de la ruta y la posible comisión del delito de fraude por parte de la constructora”, consta en el pedido de informes ingresado a la Cámara de Diputados. “La transparencia es fundamental y necesaria en la gestión de la obra pública, ya que evita ilícitos y permite que los dineros públicos sean utilizados correctamente. Si efectivamente hubo un fraude empresarial, el Estado debe actuar con todo el peso de la ley y requerir a la Justicia que intervenga de inmediato”, sentencia.
En su presentación, Solari se ampara en que desde el comité radical de San Salvador “se ha venido haciendo un exhaustivo seguimiento de este tema”, habiendo hecho pública su preocupación por el estado de conservación y mantenimiento de la cinta asfáltica, semanas atrás.
Sobre la obra
El presupuesto oficial superaba los 249 millones de pesos y los trabajos fueron ejecutados a través del Programa de Infraestructura Vial Provincial, mediante un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento: ensanche y pavimentación sobre 30 kilómetros, entre la Autovía Artigas y la ruta nacional 18.Bajo la Resolución Nº 3926, con fecha 6 de noviembre de 2015, la obra había sido adjudicada a una Unidad Transitoria de Empresas (UTE), conformada por cuatro firmas constructoras: AlquimaQSacif, Dycasa SA, Laromet SA y Luis Losi SA.
Su adjudicación llevaba el sello de Juan Carlos Lallana, entonces titular de la Dirección Provincial de Vialidad, del Sindicato Vial y de la obra social Ospa Vial, quien actualmente está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
