Lo hizo bajo los cargos de falta de imparcialidad para tramitar el recuso de amparo que presentó contra el Gobierno por la resolución que adoptó, el 30 de noviembre último, el Jurado de Enjuiciamiento, que resolvió la apertura de un jury en su contra, la suspensión en su cargo y el apartamiento del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador.
Fallo y apelación
En el marco de ese amparo, la jueza de Feria Elena Albornoz declaró “ilegítimo” el planteo del Jurado de Enjuiciamiento, que, al abrir el proceso de jury a Goyeneche por supuesto mal desempeño en su función, decidió apartar al Ministerio Público Fiscal de su rol de órgano acusador.El fallo fue apelado por la Fiscalía de Estado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero antes de que el máximo organismo judicial se expida, la Procuradora Adjunta recusó a dos de sus integrantes.
La recusación
“Entendemos que el requisito constitucional de imparcialidad judicial”, dice el escrito que Goyeneche presentó junto a su abogado, Enrique Pita, “no se encuentra garantizado en el presente trámite, en la medida que se dé la intervención de los señores Vocales que aquí recusamos”.Goyeneche platea que el jury abierto en su contra persigue el fin de “interferir en la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal ante el avance de las investigaciones y juicios por graves delitos de corrupción que se siguen en la Provincia de Entre Ríos”.
¿Por qué Mizawak y Giorgio?
A la vocal Mizawak la recusa por ser integrante del Jurado de Enjuiciamiento y firmante de la resolución que dispuso la suspensión de Goyeneche el 30 de noviembre de 2021. “La consideración de esta resolución como un acto manifiestamente ilegítimo motivó la presentación del presente amparo, parcialmente acogido en sentencia del día 25 de enero de 2022 por la Sra. Jueza de feria Elena Albornoz, quien consideró ilegítima la resolución tomada en el punto V de dicho resolutorio”, dice.Pero también recusa a Mizawak y a Giorgio por un comunicado que emitió la Sala Penal del STK el 16 de diciembre de 2020. Entonces, la Sala Penal emitió un duro pronunciamiento sobre el modo cómo el Consejo de la Magistratura pensaba llevar adelante el proceso de selección para cubrir 8 cargos de jueces de Garantía en Paraná, Concordia, Nogoyá, Colón y Villaguay, que, dijo, contiene “algunos aspectos que no favorecen la transparencia e imparcialidad del órgano asesor en su proceder”.
Los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak apuntaron sus dardos contra la Procuradora Adjunta y segunda en el orden de jerarquía del Ministerio Público Fiscal, Cecilia Goyeneche, que forma parte del Consejo de la Magistratura y tuvo a su cargo emitir opinión en la selección de los jueces de Garantías que, dijo la Sala Penal, son los “únicos límites al poder de los fiscales”. Del Procurador Jorge Amílcar Luciano García, y de la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, dependen todos los fiscales de la Provincia.
La Sala Penal sostuvo que “debería evitarse todo prejuicio de posible interés de quienes realizan esa tarea y, en especial, creemos altamente inconveniente que, en un sistema procesal en el que el Ministerio Público Fiscal tiene la potestad de promoción y ejercicio de la acción penal pública, así como de conducir las investigaciones consecuentes, con el control de los Jueces de Garantías -únicos límites al poder de los Fiscales-, sea precisamente la Procuradora Adjunta quien integre el jurado de selección de los ocho cargos vacantes de Jueces de Garantías existentes en la provincia, con lo cual, sin desconocer la idoneidad, experiencia y buena fe que puede guiar a dicha funcionaria, resulta indudablemente empañada la real independencia y ecuanimidad del proceso por la circunstancia de que la segunda en el orden jerárquico de jefatura de los Fiscales sea quien seleccione a los Jueces que deberán controlar sus actuaciones”.
“Aquella inicial y tendencia observación sobre mi eventual actuación como jurado, en la que presuponen y enjuician lo que ellos suponen sería un particular e ilegítimo interés de la suscripta en beneficiar a algunos de los concursantes, perjudicar a otros o, según sospechan, menguar de alguna manera los controles constitucionales que ejercen los judiciales sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal se actualizó con el dictado de la resolución de apertura del enjuiciamiento”, dice el escrito de Goyeneche.
En la tramitación del amparo de la Procuradora Adjunta, la jueza de feria Elena Beatriz Albornoz concedió el recurso de apelación que presentó la Fiscalía de Estado a la resolución de la magistrada, que el martes 25 de enero dictó un fallo que obliga al Jurado de Enjuiciamiento a dar marcha atrás con un punto de la disposición que adoptó el 30 de noviembre último, al dar lugar al proceso de jury contra la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, y declaró “ilegítimo” haber apartado al Ministerio Público Fiscal de su función acusadora y convocar en su lugar a fiscales ad hoc.
