El tema es por demás espinoso. El rojo no para de crecer a la par que existe una marcada resistencia de varios actores sociales a cualquier intento de retocar el sistema, que son rechazados en base a la consigna “la caja no se toca”.
El trabajo de Wasinger trae a colación un informe del IERAL, con datos al primer semestre de 2020, donde puede verse el listado de déficit puro en provincias con cajas no transferidas –definido como la diferencia entre los recursos previsionales (aportes y contribuciones) y los haberes pagados a sus beneficiarios. ¿Quién encabeza esa lista? Entre Ríos, con el 12,1%.
El profesional muestra algunos números reveladores, a la par que también le presta atención a las reformas implementadas en otros distritos. Por ejemplo, Córdoba.
Para dimensionar aún mejor la gravedad de semejante cifra, la compara con la recaudación, que, conforme el Informe 231 del CESED del mes de Julio 2021, alcanzó a $ 5.210,30 Millones en la Provincia de Entre Ríos. Es decir que los $ 3.402,85 Millones equivalen a un 65 % de la masa de ingresos de la recaudación provincial.
En cuanto a la reforma cordobesa, explica que “los cambios introducidos recortaron en unos $7500 millones anuales el déficit y la clave es el nuevo cálculo del haber inicial. El Estado provincial pagaba el 73% del salario bruto y pasó a un índice inferior: el 67%”. La reforma de Córdoba también volvió a diferir el momento en que reciben los aumentos los jubilados una vez que se le otorgan subas salariales a los activos. Y determinó que el retiro será a los 65 años y que se deberá aportar efectivamente el 18% (era 12%). También se fijó un aporte solidario para quienes sean titulares de más de un beneficio previsional o perciban otro ingreso remunerado”.
Ya sobre el final del texto, en un párrafo de compleja estructura, Wasinger da a entender la urgencia de introducir cambios sustanciales en las “abismales diferencias” en sueldos percibidos por el funcionariado de los tres poderes del Estado.
Lo dice así: “La toma de tales decisiones por parte del gobierno Provincial compromete puntos álgidos de derechos amparados para trabajadores activos de la administración pública en todos sus órdenes, donde es lógico e imposible cuestionar el 82% móvil actual del haber jubilatorio pero que, en orden a nuevos horizontes respecto de topes etarios, a pautas salariales de nivelación en sueldos de distintos poderes del estado como así entes autárquicos en cuyo andamiaje se observan apreciaciones valederas frente a las abismales diferencias en sueldos percibidos por funcionarios del Poder Judicial, Legislativo e incluso de parte de dependencias del Ejecutivo Provincial, que confrontadas con lo percibido por el Gobernador, hasta resultarían ilógicas y si ello se compara con el nivel promedio del resto de las percepciones del personal de plantilla, configuraría una impronta teñida de desigualdad social con visos de mácula moral”.
Por último, en la lectura del informe emerge un llamamiento ético, allí donde el autor desliza cuál es la “tarea ciclópea” que debe encarar de manera urgente el poder político: “la jerarquización y profesionalización de los poderes gubernamentales, impregnada de ética pública y decencia, erradicando toda formas de corrupción y gestando progreso y no estancamiento”.
