De ese modo, los contadores Silvina Pastori de Galli y Hugo Rodolfo Jensen profundizaron las definiciones que, la semana pasada, había hecho el contador del municipio de Puerto Yeruá, Marcelo Rivera. Fue el viernes cuando el profesional reconoció que los terrenos que la comuna recibió de la provincia y luego transfirió a los acusados jamás fueron registrados en la contabilidad oficial.
Puerto Yeruá no informó al organismo de control
Un momento clave sucedió al término de la audiencia desarrollada este lunes por la mañana, en los Tribunales de Concordia. Ante los magistrados Carolina López Bernis, Silvina Gallo e Ivés Bastián, habló Jensen. Explicó que, si los municipios no informan ventas por licitaciones, escapan al control del Tribunal de Cuentas que él integra, en la actualidad como jefe de auditores.Afirmó que Puerto Yeruá nunca informó al Tribunal, de manera específica, sobre las ventas de terrenos. Ergo, quedó fuera del control del organismo presidido actualmente por el doctor Federico Tomas.
Explicó que Puerto Yeruá sólo tenía una partida presupuestaria referida a la venta de terrenos pero vacía, sin ninguna asignación. Ni siquiera cuando fueron los inspectores, el municipio de Puerto Yeruá informó las ventas, reveló.
Dijo, antes de concluir, que el Tribunal de Cuentas ya determinó que han sido ventas directas las que se hicieron y resulta imposible relacionar los ingresos con esas ventas. Fue allí cuando Jorge Romero preguntó por las responsabilidades del asesor legal externo, es decir su defendido Julio Larrocca. “Cada municipio asigna las responsabilidades a su asesor al contratarlo”, respondió Jensen.
“El Tribunal está investigando”
También declaró en el juicio la contadora Silvina Pastori de Galli, jefa del área municipios del Tribunal de Cuentas. Inicialmente, hizo referencia a puntos específicos mínimos que se controlan. Aclaró, en ese sentido, que la venta de terrenos no estaba específicamente incluida entre los puntos a auditar.Mencionó que la aprobación de las cuentas es de las rendiciones pero aclara que es un procedimiento de muestras, no integral. Dijo que hubo una “toma de pruebas selectivas”. Reconoció, además, que “a raíz de las versiones periodísticas, el Tribunal está investigando la venta de terrenos en Puerto Yeruá”.
Detalló que la cuenta inmuebles en Puerto Yeruá permaneció sin movimiento alguno de 2008 al 2015. Es decir, según explicó la contadora, no hubo registro ni de bajas ni altas. Observó que “hay irregularidades” si entraron terrenos y no se registraron.
El interrogatorio
El defensor Jorge Romero Romero, en pos de deslindar de responsabilidades a su defendido, el doctor Julio Larrocca, preguntó de quién era responsabilidad el registro contable. “Del contador municipal, en base a lo que informa el Ejecutivo municipal”, fue la respuesta que dio la integrante del Tribunal de Cuentas.Rodolfo Fraga, en tanto, preguntó quién es responsable por la venta de terrenos sin el visto bueno de los dos tercios del Concejo Deliberante. “En principio, del Ejecutivo, del intendente”, contestó Pastori de Galli.
“¿Cómo hace un privado al comprar para saber que se incumplió los dos tercios, si hasta la escribana afirma en el acta que se cumplió pero no es así?” planteó luego Fraga. No obtuvo respuesta de la contadora del Tribunal de Cuentas, por no ser asunto de su incumbencia.
Sí indicó que el Tribunal de Cuentas advirtió, en 2008 y 2009, a Puerto Yeruá, debido a que no estaba registrando los bienes en un libro inventario.
Enrique Oscar Bacigaluppe intervino, en ese momento, para rescatar que hubo una ordenanza unánime que autorizaba al por aquel momento intendente, Fabián Cevey, a vender terrenos. La funcionaria, al respecto, le aclaró que ello de ninguna manera podía tomarse como un permiso para omitir la licitación pública o el cotejo de precios. O sea, no podía apartarse de los procedimientos legales al vender, por más autorización que tuviera del Concejo Deliberante.
La funcionaria confirmó, desde su lugar, el agujero negro que admitió el contador municipal en la audiencia del viernes: un conjunto de operaciones hechas sin registro y vendiendo sin cumplir las normas. Resaltó, luego, el rol de control que debió cumplir la Junta de Fomento en su momento y, hoy en día, el Concejo Deliberante de Puerto Yeruá.
Allí fue cuando intervino el fiscal José Arias, que hasta el momento había seguido lo expuesto en silencio. Fue para hacer una consulta: “¿Cuándo puede hacerse una excepción al requerimiento de la licitación?”La respuesta de Pastori de Galli fue: “En caso de terrenos para personas de escasos recursos, que no pueden pagar en el marco, beneficiados por un programa social de viviendas, por ejemplo”.
Juan José Bukténica, otro de los defensores, también planteó un interrogante. Consultó si era posible no registrar la venta cuando es precaria (es decir, aquella por la que se cede el uso pero no la tenencia definitiva, que recién queda firme con la escritura). La contadora le explicó que, “aún cuando se transfirieran precariamente los terrenos, igual debieron registrarse”.
Declaró el constructor de Galarza
Gerardo Álvarez fue el primer testigo que, este lunes, compareció ante el Tribual a instancias del defensor de Leonardo Galarza, el doctor Bacigaluppe. Lo que hizo fue contar que debió rellenar el terreno y levantar columnas más profundas debido a que esa zona era un bañado.Apuntó o intentó demostrar el defensor, con ese testimonio, que el terreno tuvo un bajo valor de venta por las condiciones en las que se encontraba. Precisó que lo rellenaron “con 30 camiones o más de ripio”.
Sin embargo, admitió -aunque con dudas- que ya había cloacas y que también tenía agua y luz.
