El 9 de enero de 2024, El Entre Ríos, sirviéndose del Boletín Oficial como fuente fehaciente, informó que la flamante gestión municipal había contratado “ad honorem” a Ignacio Caprarulo, como asesor de seguros, mediante el decreto 025/2024, fechado el 4/01/2024. Un día después de conocida la noticia, Diario Junio reveló que el vínculo con el asesor también había existido durante el anterior gobierno y que de ello se habrían derivado millonarias comisiones –de dudosa justificación- por pólizas convenidas con el IAPSER, el Instituto Provincial del Seguro de Entre Ríos.
El 8 de febrero, el Ministerio Público Fiscal abrió una investigación de oficio para determinar si tal vínculo entre el Estado Municipal, Caprarulo y el Instituto Autárquico Provincial de Seguro de Entre Ríos pudo haber implicado la comisión de algún delito. Y, finalmente, seis días después, el 14 de febrero, la Municipalidad, con las firmas del intendente Francisco Azcué y el Secretario de Gobierno y Hacienda, Luciano Dell’Olio emitió un nuevo decreto, el 214/2024, esta vez desafectando al asesor.
¿Con qué argumentos se lo desvinculó apenas un mes después de haberlo vinculado? ¿Qué cambió entre el 4 de enero y el 14 de febrero?
Pero, párrafo seguido, el decreto 214/2024 (que no ha sido publicado en el Boletín Oficial a pesar de que en la edición de este lunes fueron impresos otros de mayor numeración, del 322 al 327) introduce una novedad: “Este municipio y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos han establecido como objetivo de actuación conjunta la simplificación de la estructura de contratación de los seguros prestados por dicha entidad aseguradora, buscando evitar mayor burocracia y, por ende, fluidez en la relación entre ambas partes”.
Y de ello deducen la siguiente consecuencia: “Así las cosas, carece de sentido la contratación del Sr. Caprarulo en esta nueva etapa institucional entre el Municipio y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER)”.
En conclusión, la Municipalidad de Concordia entiende que la designación del asesor perdió “sentido” gracias a un acuerdo con el IAPSER, que, se supone, volvió innecesario contar con gestores e intermediaciones.
¿Qué decía el decreto primero que lo designó?
Cuando el 4 de enero el municipio emitió el Decreto 025/2024, es evidente que era otra la mirada que tenían las autoridades respecto de las ventajas de contar con el asesor de seguros Ignacio Caprarulo.En aquel texto normativo, en los considerandos, pueden leerse elogios a los resultados alcanzados en gestiones anteriores: “… el Departamento Ejecutivo Municipal ha merituado los antecedentes del asesor mencionado, atento ha realizado con buenos resultados la actividad descripta durante el período 2019/2023, y la situación no menor, de que el entendimiento y designación de funciones en el ámbito municipal no representa erogación de costos adicionales por la contratación de seguros, ni establece relación de dependencia laboral bajo ningún concepto, no generando la posibilidad de reclamos al municipio”.
Por último, el Ejecutivo explicitaba que la designación del asesor había sido precedida de una consulta a “las áreas legales y administrativas del municipio”, que “han generado la intervención correspondiente”.
