Las entidades solicitaron una audiencia pública vinculante al ministro de Obras Púbicas, Gabriel Katopodis, en el marco de la transferencia de la concesión de Caminos del Río Uruguay S.A a la empresa Corredores Viales S.A. Los profesionales remarcaron que la audiencia pública es una "garantía constitucional de los derechos de los usuarios de servicios públicos": "Los usuarios y terceros son más que meros sujetos, ya que se hallan legitimados para derechos que nacen, no sólo de la Constitución y las leyes, sino también de las cláusulas mismas del contrato. Y tanto es así que, si bien no lo suscriben, están legitimados para inmiscuirse aún en su formación mediante el control y, si fuera el caso, de reclamos en el procedimiento licitatorio".
Los firmantes de la solicitud recordaron que las audiencias públicas tienen carácter Constitucional, pues están establecidas en el Artículo 42 donde se refiere a "la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control" para los servicios públicos nacionales. Es de recordar que en las audiencias públicas pueden participar y exponer todas las personas interesadas, en este caso, las empresas, consumidores y el gobierno nacional.
El motivo de esta solicitud se dio a partir de la finalización en la concesión de Caminos del Río Uruguay SA, la empresa que cobraba peaje en el puente Victoria - Rosario, pero el vínculo finalizó a raíz de las distintas demandas cruzadas con Vialidad Nacional. La medida fue anunciada por el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, quien había asegurado a La Capital que "en principio, el puente estaría quedando en manos de Corredores Viales. Según informó Koch, habría transición hasta que se defina cuál será el destino de esta traza, puesto que la concesión finalizaría en octubre y luego se definiría qué sector del Estado quedará con el control de los 50 kilómetros del viaducto o si se llamaría a una nueva licitación.
