"El único que votó en contra"
El magistrado otorgó entrevistas a dos medios de Paraná y dio un dato que los diferenció de los ocho vocales restantes. "Desde el 2006 a la fecha, en los pedidos de conmutación de pena por delitos sexuales que lo decide el pleno, el resultado ha sido ocho a uno. El único que votó en contra fui yo".
"La conducta de juzgar desde el punto de vista objetivo garantista ha sido una moneda constante", dijo luego el magistrado.
Contra el garantismo
Castrillón aseguró que "si se cambia el excesivo garantismo por parte de quienes administran la justicia penal, evidentemente va a tener un cambio y una respuesta distinta la sociedad". Y hechos como los sucedidos con el caso Micaela dijo que "hay que adjudicárselo a todos los operadores de la justicia penal que apoyaron este garantismo".
Un sector importante del derecho penal compró ese método garantista que hoy se refleja más fácil en (Eugenio) Zaffaroni pero era Binder a quien contrataba la provincia de Entre Ríos", sostuvo en referencia a Alberto Binder, uno de los teóricos del derecho penal en la Argentina.
"Si tiene 8 años, cumple 8 años"
Se lo consultó por el caso concreto de Wagner. "Hubiera hecho como hice siempre. Si tiene ocho años, cumple ocho años. Wagner o el que sea", aclaró. Y explicó e referencia al caso de Rossi, quien desoyó los informes penitenciarios y de la fiscalía que advertían sobre la posible salida del condenado. "Si tenemos un equipo técnico es para que nos asesore", sentenció.
"En cuanto a cómo se comporta individualmente una persona, un psiquiatra o psicólogo sabe bastante más que el abogado. Si se analiza el fallo vemos que responde a la corriente garantista y dentro de esa corriente existen muchos autores tratadistas que piensan de esa manera. Lamentablemente tenemos una menos", lamentó.
Sin reglamentación
En Entre Ríos el instituto, por el cual se debe investigar y juzgar al deprimido juez de Ejecución de Pena y Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Rossi, es el Jurado de Enjuiciamiento. Aún hoy, carece de una reglamentación luego de que se lo reformara en la Convención Constituyente de 2008. Otra deuda más de la Legislatura.
El cambio que se le hizo fue incorporar nuevas formas de participación ciudadana, lo que significa reforzar las relaciones entre Estado y sociedad civil, como sucedió con los representantes del Consejo de la Magistratura.
Pero esa necesidad, el de reglamentar el instituto, no es un tema de agenda, como parece ser el paradigma denominado "garantista" en el derecho penal.
